martes, 18 de julio de 2017

EL ENTORNO EDUCATIVO

La igualdad de oportunidades es un sueño democrático según el cual todas las personas pueden acceder a resultados similares en función de sus méritos. Pero como sentencia el refrán de Calderón de la Barca: “los sueños, sueños son”.

El análisis del proceso educativo muestra claramente que el nivel socioeconómico de las familias condiciona los resultados académicos. Según el Informe PISA 2016, unas pruebas estandarizadas a nivel global que realizan los alumnos de 15 años, un 40% de los estudiantes de familias con reducidos ingresos obtuvo bajos rendimiento en Matemáticas, en tanto que descendió el fracaso al 8% en las familias acomodadas.

Con una perspectiva más amplia, se puede decir que la educación recibida está condicionada en su conjunto por el entorno más cercano que rodea al estudiante, compuesto por la familia, los profesores y los compañeros.

Centrándonos en los dos primeros pilares de la educación, el Informe citado señala que los padres inciden no solamente sobre el desarrollo de conocimientos, sino también sobre actitudes, tales como la perseverancia, la sociabilidad, la paciencia y la empatía, cuidando que sus hijos no caigan en conductas de riesgo. Esta tarea exige dedicar tiempo a los hijos y potenciar actividades con alto valor educativo, como contarles cuentos, conversar con ellos constantemente o implicarles en las tareas domésticas. Los estudios realizados muestran la influencia que tiene la presencia de los padres en los primeros años de vida de sus hijos, que es cuando se produce el desarrollo de algunas habilidades que más tarde serán difíciles de incorporar.

También los profesores tiene un rol importante en el desarrollo de los niños, especialmente en los casos de familias desestructuradas. De ahí la difícil tarea de seleccionar bien a los profesionales de la educación. Algunos sistemas educativos reconocidos, como los de Singapur y Corea del Sur, han conseguido que la profesión educativa tenga un alto prestigio social y reclutan el total del profesorado entre el tercio superior de los estudiantes. Una vez titulados se preocupan de que prosigan formándose a lo largo de su vida profesional para adaptarse a los cambios socioeconómicos y tecnológicos. No es, por desgracia, el caso de España, donde según la OCDE solamente el 50% de los maestros participan en cursos de formación y el 97% consideran que ya están suficientemente formados.


Observamos en el gráfico que, mientras en el conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 43,1% de la población adulta consigue alcanzar el nivel educativo de enseñanza media, en España sólo lo logra un 22,4%. Aunque en educación universitaria España supera el nivel promedio, la carencia de estudios medios completos en un 42,6% (sólo primaria y primera etapa de la secundaria) supone que un colectivo importante va a tener dificultades para adaptarse a puestos de trabajo de cierta cualificación.

La educación influye notablemente en el desarrollo económico de un país, dado que es un elemento básico del capital o potencial humano. La calidad de los trabajadores está determinada por los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Por tanto, un incremento del nivel educativo mejora la efectividad del trabajo, lo cual aumenta la productividad y se traduce en un ascenso del producto total de la economía.

En las sociedades con un elevado número de trabajadores con educación universitaria se generan más ideas y se promueve la innovación tecnológica, lo cual hace más productivos el capital físico y la fuerza laboral, con lo que tiende a aumentar el bienestar de la sociedad.

En cuanto a los países en desarrollo, la educación primaria y secundaria es relevante, porque les permite captar las tecnologías desarrolladas por los países avanzados, y así aumentar la productividad y la generación de producción que les permite avanzar en su desarrollo económico.





martes, 11 de julio de 2017

FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

La “economía solidaria”, que surge del tronco común de la economía social, es una corriente de pensamiento que busca alternativas a la economía convencional, apoyándose en la eficiencia del trabajo y en una creciente solidaridad en las organizaciones económicas. En muchos casos puede ser capaz de organizar a trabajadores informales para que generen ingresos, salgan de la precariedad y mejoren la calidad de sus vidas.


Este planteamiento económico defiende un tipo distinto de desarrollo, hecho a escala humana, integral y sostenible, con énfasis en lo local, orientado a la superación de la economía ortodoxa, tanto al nivel de las empresas como de los mercados y las políticas públicas.

Frente a la acumulación del capital, la economía solidaria sitúa a las personas y su trabajo en el centro del sistema económico, dando a los mercados un papel instrumental, siempre al servicio del bienestar de los seres humanos y de la reproducción de la vida. Supone una forma diferente de entender los procesos económicos en las sociedades contemporáneas y promueve una democratización real de las formas de producción, distribución y consumo.

En la economía solidaria convergen grupos populares y organizaciones de base, movimientos cooperativos, mutualistas y autogestionarios, organizaciones no gubernamentales, empresarios que pretenden unir eficiencia y solidaridad, así como cuantos quieran establecer en sus organizaciones modalidades armónicas de convivencia humana.

El profesor chileno Luis Razeto, que introdujo en los años ochenta el concepto de economía solidaria, señala la necesidad de fortalecer la identidad económica de esta alternativa, expresando de modo coherente su “racionalidad económica especial”, basada en la cooperación, la autogestión y la ayuda mutua, que sirva como criterio para guiar la toma de decisiones y la gestión en los mercados.



Uno de los habituales problemas de la economía social, en general, ha sido la dificultad de conseguir financiación. La banca ha visto siempre a las cooperativas y a otras entidades sociales como figuras raras en el panorama económico. Acceder al crédito, una necesidad básica para cualquier empresa, ha resultado bastante más difícil para este tipo de entidades que para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y no digamos en comparación con las grandes empresas.

Al haber demostrado mayor resistencia en el período de crisis reciente, incluso con ejemplos de crecimiento sostenido, el acceso al crédito ha mejorado, pero sobre todo de fuentes distintas a la banca convencional. Han sido entidades surgidas de la misma economía social, como Fiare Banca Etica, Coop57 y la red de cooperativas de crédito las que han ofrecido nuevos productos, entre los cuales se encuentran los préstamos participativos y los avales mancomunados personales.

Las IV Jornadas Internacionales de Finanzas Cooperativas (Financoop), evento celebrado recientemente en Barcelona, ha servido para poner en contacto proyectos de economía social con financiadores. Se plantearon iniciativas como la construcción de un parque eólico, una nueva sede para escuela cooperativa, viviendas para cesión en uso, centro clínico y naves para actividades industriales, entre otros.

La búsqueda de financiación supone la presentación y negociación de los proyectos empresariales a inversores, pero manteniendo siempre el objetivo de defender la viabilidad de los proyectos con un impacto social positivo, apoyado en valores cooperativos, tales como democracia interna, equidad y transparencia.

Tratando de atraer recursos financieros más estables que el crédito, las cooperativas y otras entidades de economía social han utilizado formulas como lo préstamos participativos y las aportaciones de los socios colaboradores, que pueden contar con derecho de voto en la Asamblea, pero nunca mayoritario. Estas fórmulas de financiación tratan de asegurar a las empresas sociales el capital necesario, pero sin perder el control por parte de los socios de base.

Una interesante innovación de Coop57, cooperativa de servicios financieros surgida de la economía solidaria, ha sido los avales mancomunados personales, que permiten trocear los riesgos que suponen los crédito entre la base social de la entidad, de tal forma que cada uno avala una parte en función de sus posibilidades. Es una innovadora forma de afrontar el problema de los avales, que da confianza a la entidad prestamista. Las posibilidades de acabar perdiendo el dinero prestado son mínimas ante la implicación de toda la base social.




martes, 4 de julio de 2017

LIMITACIONES DE LA MEDIDA DEL CRECIMIENTO


El Producto Interior Bruto (PIB) es el indicador más utilizado para analizar la situación económica de un país, porque se calcula tomando como base los bienes y servicios con los que cuenta una sociedad e influye en otros indicadores, tales como el nivel de empleo y la evolución de los presupuestos públicos. Incluso da pie a que se saquen conclusiones, interpretando a veces que el acceso a más bienes y servicios significa un aumento de la calidad de vida.

Pero el PIB tiene importantes limitaciones para reflejar con nitidez el bienestar de una sociedad. Una limitación importante es que recoge únicamente las actividades económicas que pasan por el mercado de forma oficial, dejando fuera a la economía sumergida (dinero en “negro”), el valor del trabajo doméstico no remunerado (tareas del hogar, cuidado de niños y de personas mayores) y el trabajo de los voluntarios en asociaciones, ONGs y otras instituciones.

Otro aspecto limitador es que se obtiene de una complicada elaboración estadística, sujeta a errores y omisiones. Y cuando el PIB se calcula por habitante, el valor medio que se ofrece no suele reflejar la verdadera situación socioeconómica, debido a que no tiene en cuenta la desigualdad que se da en el país.

Suele argumentarse a veces que el aumento del PIB beneficia a toda la sociedad, en base al conocido “efecto goteo”, según el cual primero es necesario un crecimiento económico y después sus efectos llegan, como a través de un goteo, al conjunto de la población. Pero lo cierto es que entre crecimiento y distribución no existe una relación secuencial, sino que se da más bien una simultaneidad.

Algunos opinan que, con un crecimiento de distribución desigual, la minoría más beneficiada puede compensar al resto de la población, pero resulta un razonamiento poco realista, porque es muy dudoso que se llegue a este tipo de compensación cuando la política económica está orientada únicamente a aumentar la tasa de crecimiento. Más bien sucede que se opta por reducir la carga impositiva, con lo que la redistribución puede resultar insignificante.


El gráfico representa el caso de España, que creciendo a una tasa en torno al 3% del PIB en los recientes años, apenas reduce la alta desigualdad que señala el indice de GINI (0 a 100, menor a mayor desigualdad) de 32,9 en 2009 y 34,5 en 2016, frente a Alemania (29,2), Francia (29,4) y la media de los países de la OCDE (31,8). Con un sistema fiscal y de transferencias sociales endeble, un país puede avanzar por la vía del crecimiento, pero con escasa redistribución de las rentas generadas.

Hay que tener en cuenta que la misma trayectoria del crecimiento económico influye en el nivel de la desigualdad existente en una sociedad. Un país que busca mayor igualdad en la distribución de la renta suele impulsar, bien produciendo o bien financiando, servicios sanitarios, educativos o asistenciales, fortaleciendo la protección social. Por tanto, se puede afirmar que las trayectorias de crecimiento y de distribución van unidas en el proceso de crecimiento económico y que el PIB únicamente refleja el crecimiento.





martes, 27 de junio de 2017

DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS


El Producto Interior Bruto (PIB) español llegó en el primer trimestre de 2017 a un valor interanual de 1,125 billones de euros, con un crecimiento del 3%, superando ligeramente el nivel alcanzado antes de la crisis.


Como observamos en el gráfico, el indicador tuvo una evolución más negativa en el período de crisis (2008-2013) que la media europea. Tras cinco años de recesión, cayó un 10% y ha sido a partir del 2014 cuando el país tiene un crecimiento económico superior a la media de los países asociados.

Sin embargo, pese al crecimiento y a la creación de empleo, los salarios se estancaron en el trimestre pasado y han perdido un 2,5% del PIB desde el 2012, situándose en 30.000 millones de euros por debajo del comienzo de la crisis. La explicación puede ser que, con una tasa de paro aún muy elevada, la amplia oferta de trabajo reduce la posibilidad de que mejoren los salarios. Han sido las pensiones las que han hecho que las rentas de las familias vuelvan al nivel del año 2008.


Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los resultados de la última Encuesta de Condiciones de Vida, realizada en la primavera de 2016, que ofrecen información sobre los ingresos medios de los hogares durante el año 2015, el ingreso medio anual neto por hogar se situó en 26.730 euros y el ingreso por persona alcanzó los 10.708 euros.

La distribución de la población según las rentas nos indica que el desempleo elevado y la precariedad laboral están influyendo en la estructura de los ingresos. Podemos apreciarlo en el reparto de los ingresos por grupos de edad.



Para calcular los quintiles de los ingresos se ordenan todas las personas según la cuantía de los ingresos por unidad de consumo y se dividen después en cinco grupos iguales, es decir, con el 20% de las personas en cada grupo. El primer quintil corresponde al 20% con menores ingresos; el segundo, al 20% siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al quinto quintil correspondiente al 20% de las personas con mayores ingresos por unidad de consumo.

El concepto de “unidad de consumo”, según la metodología del INE, se refiere a una persona viviendo sola. Si el hogar esta formado por dos adultos constituye 1,5 unidades de consumo y por cada hijo 0,3 unidades más.

En la distribución de los ingresos del cuadro vemos que, en la primera columna (rentas menores al 20%) están situados en torno al 26% de los componentes de los grupos de edad de menos de 16 años y de 16 a 29 años, mientras que los de 30 a 44 y 45 a 64 bajan al 19%. En cambio, sólo están en este nivel reducido de ingresos un 10,5% de los mayores de 65 años

En la columna de las renta medias (quintil 40-60%), el grupo de mayores es el predominante, con el 25,3%, en tanto que los colectivos de las restantes edades oscilan entre el 18% y 20% de los componentes de cada grupo. Y en el quintil más elevado (80-100%) ocupan la mejor posición los de 45 a 64 años (24,2%), seguido de los de 30 a 45 años (20,5%). En el grupo de 16 a 29 años el porcentaje es del 16% y alcanza el 17% en los menores de 16 años y en los mayores de 65 años.

Los ingresos medios de los mayores de 65 años han aumentado últimamente, pero este incremento es más bien aparente y se conoce como “efecto composición”. Se debe a que los jubilados que fallecen percibían una media en torno a los 889 euros al mes, mientras que los nuevos pensionistas cobran 1.297 euros. Esta variando la composición del colectivo.

Durante la crisis 2009-2013 han sido muchas las familias que sólo han tenido a una pensión de jubilación como fuente de ingreso y, según datos de la Agencia Tributaria, en estos momentos, un 25% de los ingresos que entran en los hogares españoles proceden de las pensiones. Significa que va aumentando la dependencia familiar del sistema público de protección social.

martes, 20 de junio de 2017

LA FINANCIACIÓN EN EL EUROSISTEMA


Tras la formación del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), que concentró a todos los bancos nacionales de la Unión Europea, tuviesen o no al euro como moneda, la Unión Monetaria supuso la unificación de la política monetaria en el Banco Central Europeo (BCE)

El SEBC es un elemento más bien formal y la autoridad monetaria efectiva se concentra en el Eurosistema, que engloba a los 19 bancos centrales de los países del euro, con el núcleo en el BCE, que tiene capacidad de decisión y amplio poder ejecutivo. Se puede decir que, en el funcionamiento práctico, el BCE (banco de bancos centrales) es lo mismo que el Eurosistema, nombre de su superestructura.

El SEBC y el Eurosistema seguirán coexistiendo mientras haya Estados miembros de la Unión Europea que no pertenezcan a la Eurozona, el área de la Unión Económica y Monetaria (UEM) que comparte un mismo mercado y una misma moneda, en la que se ejecuta la política monetaria única.

Por lo tanto, es el Eurosistema (BCE) el que se ocupa de la definición y ejecución de la política monetaria única y realiza las operaciones de cambio de divisas gestionando las reservas oficiales en moneda extranjera de los países de la Eurozona, emite los billetes de banco y cuida del funcionamiento del sistema de pagos.

En el Eurosistema, la política monetaria la decide única y exclusivamente el Consejo de Gobierno del BCE, en tanto que los bancos centrales de los países miembros ejecutan sus directrices, encargándose de suministrar o retirar liquidez del sistema.

El objetivo prioritario es la estabilidad de precios, que viene definida como una inflación en la Eurozona menor, pero cercana al 2% anual. La institución también se preocupa por la estabilidad y la integración financiera en Europa, siempre que no entre en contradicción con la estabilidad de precios.

Además de ejecutar la política monetaria habitual, en marzo de 2015 el BCE inició un programa especial de flexibilización cuantitativa consistente en la compra de activos por un importe de 80.000 millones de euros mensuales, que en abril de este año se ha reducido hasta 60.000 millones y que se va a prolongar hasta finales del 2017. No cabe duda de que las compras de deuda pública a España dentro del programa de expansión monetaria, junto al descenso de los tipos de interés, han contribuido a la bonanza económica del país.

Podemos observar la evolución de la financiación en la Eurozona a través del mecanismo denominado “Target2”, por el cual lo bancos privados de la Unión Monetaria cancelan las deudas con bancos privados de otros países.



Observamos en el gráfico los superavits (acreedores del Eurosistema) de Alemania, Finlandia y Holanda, y los déficits (deudores) de Italia, España Portugal, Irlanda y Grecia, con los flujos casi equidistantes respecto del equilibrio, por la política monetaria del BCE.

Las cuentas de Target2 son básicamente líneas de financiación del BCE con los distintos bancos centrales nacionales. Permiten cubrir la necesidad de liquidez de naciones con abultados déficits por cuenta corriente, o con salidas de capital extranjero del país.

Entre 2000 y 2008, hasta el comienzo de la crisis, los países con déficit de balanza de pagos se financiaban con entradas de capital privado, en su mayor parte créditos bancarios, con los que se fueron incrementando los porcentajes de deuda sobre el PIB de los países periféricos.

Desde el año 2008 fueron reduciéndose las entradas de recursos privados. Los extranjeros empezaron a reducir su inversiones en los países periféricos y en el 2010 los flujos llegaron a invertirse, con importantes salidas netas de capitales. Los extranjeros se estaban llevando su dinero a casa.

Vemos en el gráfico que Italia y España comenzaron a endeudarse aceleradamente con el BCE en 2009, a falta de otras fuentes de capitales. En marzo de 2017 habían acumulado un saldo deudor conjunto de 794.400 millones de euros, en tanto que Alemania, Finlandia y Holanda eran acreedoras por un total de 996.900 millones de euros. En consecuencia, los países acreedores se convierten prácticamente, a través del BCE, en financiadores (rescatadores de hecho) de los países que carecen de capacidad propia para liquidar las deudas.










martes, 13 de junio de 2017

REGULACIÓN BANCARIA


Los medios de comunicación resaltan en titulares que el Banco de Santander ha comprado el Banco Popular por un euro, tras determinarse su inviabilidad debido seguramente a la entrada tardía en el negocio de la construcción y al alto porcentaje de créditos fallidos. Ello supone el final del culebrón en torno al banco que llegó a ser considerado en un tiempo como el más rentable de Europa, ahora en quiebra. La resolución implica que los 305.000 accionistas (incluido el 75% de la plantilla) y los titulares de convertibles y deuda subordinada, por valor de 2.000 millones, pierden todo su dinero (bail-in o rescate interno).

La situación del Popular era crítica. Desde el Banco Central Europeo (BCE) se concluyó que estaba en riesgo de caída por el “deterioro significativo” de su liquidez en los últimos días, a raíz de una fuga de depósitos continuada y una falta de claridad en sus planes de futuro. Se le realizaron pruebas de estrés y arrojaba pérdidas de hasta 8.200 millones en el peor escenario. Al final, la cuantiosa fuga de depósitos y la negativa del supervisor a facilitar los fondos que se necesitaban para abrir las oficinas han ocasionado que en una noche una entidad con cerca de 12.000 empleados y 1.739 oficinas haya pasado a manos de un competidor.

Tras la intervención de la entidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha gestionado su venta al Santander, bajo la autorización del Mecanismo Único de Resolución, la agencia europea dependiente del BCE, que al comienzo de 2016 se convirtió en la máxima autoridad para la drástica reestructuración de entidades financieras en dificultades.

En el siguiente gráfico tenemos los porcentajes de créditos dudosos de las entidades financieras sobre el total de préstamos, a diciembre de 2016, en varios países europeos



En el Banco Popular, el volumen de créditos irrecuperables, consecuencia de la crisis inmobiliaria, parece que era mayor del esperado, lo que provocó la desconfianza de los accionistas y de los depositantes de fondos.

Esta quiebra bancaria, cuando ha pasado una década desde que se desencadenó la crisis de las hipotecas basura, da la impresión de que sigue sin aplicarse la regulación exigente que se anunció para evitar descalabros.

A nivel mundial, ya en 1974, los bancos centrales de once países industrializados formaron el Comité de Basilea, con la misión de conseguir una mejor coordinación en la vigilancia sobre el sistema bancario internacional. El Banco de Pagos Internacionales tiene su sede en la ciudad suiza citada y ejerce de banco central de los bancos centrales nacionales.

Tras la crisis de 2007, se produjo un gran debate en torno a la reforma de los sistemas financieros. El Comité de Basilea propuso un conjunto de normas sobre el capital y unas garantías más estrictas para los bancos internacionales pero, una vez más, se ha evidenciado que resulta difícil diseñar medidas normativas que no puedan ser burladas por los innovadores financieros.

Las nuevas medidas obligan a los bancos a financiarse con más capital y han avanzado en el control de los productos financieros de alto riesgo, pero no se ha llegado a concluir la regulación por las diferencias de criterio entre EE.UU y Europa en la financiación inmobiliaria.

La Camara de Representantes norteamericana adoptó el pasado jueves una iniciativa legislativa de los republicanos que contempla recortes en el paquete reglamentario aprobado tras la crisis financiera. Entre otros cambios, se propone eliminar las pruebas de resistencia a las que la Reserva Federal somete cada año a los grandes bancos para determinar si tienen los colchones de liquidez necesarios para soportar situaciones de estrés.

Contempla también cerrar la oficina de protección al consumidor, que se creó para prevenir los abusos financieros de las hipotecas tóxicas, el tipo de producto que hizo quebrar a grandes entidades como Lehman Brothers.

Aunque estas políticas republicanas puede que no cuenten con el apoyo suficiente para que salgan adelante en la redacción actual, no cabe duda que suponen un refrendo político para la promesa de desregulación del presidente Donald Trump.

El riesgo para los depositantes viene de que los bancos utilizan también fondos de sus clientes para conceder préstamos y comprar otros activos. Cuando algunos clientes no pueden devolver sus préstamos o los activos pierden valor, como es el caso del Banco Popular, las entidades son incapaces de cumplir con sus obligaciones, incluyendo la devolución de los depósitos.

Algunos analistas apuntan que vendría bien una reformulación de los test de estrés que se realizan a las entidades financieras o la utilización de otro método que genere más confianza para conocer a fondo la situación de cada entidad.









martes, 6 de junio de 2017

PRODUCTIVIDAD Y NIVEL DE VIDA

El historiador británico Angus Maddison señalaba que en 1820 Mexico tenía un PIB por habitante mayor que Japón. Sin embargo, algunas décadas más tarde, Mexico se encontraba muy por debajo del país asiático, que había crecido a una tasa anual del 1,9%, en tanto que Mexico no lograba superar el 1,2% anual. La diferencia entre las dos tasas no parece importante, pero a largo plazo tiene notables consecuencias en el nivel de vida de los países.

Hay tres razones básicas por las que el trabajador puede aumentar la producción : disponer de más capital físico (maquinaria y equipamientos), contar con mayor nivel de preparación para realizar la tarea (potencial o capital humano) y aprovechar las ventajas que ofrece el progreso tecnológico.

El nivel de producción varía de unos países a otros no sólo porque acumulan cantidades diferentes de factores productivos, sino también por la eficiencia con que se utilizan y combinan para producir valiéndose del progreso en organización y tecnología, es decir, la productividad, llamada también “productividad total de los factores” (PTF).

En términos de crecimiento, la ecuación sería:

Tasa de crecimiento de la producción = tasa de crecimiento de la productividad + tasa de crecimiento de los factores productivos

Como la producción y los factores son mensurables, reordenamos la ecuación para hallar la productividad debida al progreso tecnológico:

Tasa de crecimiento de la productividad = tasa de crecimiento de la producción – tasa de crecimiento de los factores productivos

Significa que se puede medir la tasa de crecimiento de la productividad, como residuo, a partir de datos conocidos, restando a la tasa de crecimiento de la producción por trabajador las tasas de crecimiento del capital físico y del potencial humano. Es la llamada contabilidad del crecimiento.

Según estudios norteamericanos, en un período amplio, 1948-2008, se estima que la productividad del trabajo per capita creció a una tasa del 2,6% por año. El 46% fue debido al incremento del capital físico y el potencial humano por trabajador, y el restante 54% obedeció al aumento de la productividad (PTF), es decir, al progreso tecnológico.

En el caso de España, en el período 1993-2008, la PTF cayó un -0,6% anual, cuando en la Eurozona aumentó el 0,3%. Las causas podemos centrarlas en la especialización española en servicios intensivos en mano de obra (turismo y comercio), la burbuja de la construcción y la insuficiencia de la inversión en I+D+i.

Durante la reciente crisis, la productividad aparente del trabajo aumentó un 12% en España, frente al 3,6% en Alemania, pero destruyendo mucho empleo en actividades poco productivas. El aumento resulta engañoso porque no supone mejora alguna en los sistemas de producción. La auténtica productividad, la PTF, muy inferior en España respecto a la Eurozona, es la que sitúa el nivel actual de PIB por habitante en España en 24.000 euros, cuando en la Eurozona alcanza lo 31.600 euros.

Por tanto, no cabe duda que las diferencias en las tasas de crecimiento económico, que repercuten en los niveles de vida de los países, se deben fundamentalmente a los desiguales incrementos de productividad. Como escribió Krugman “La productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar sus condiciones de vida depende casi enteramente de su habilidad para elevar la producción por trabajador”









martes, 30 de mayo de 2017

INDICADOR DE DESEMPLEO MÁS AMPLIO


EL Boletín Económico del Banco Central Europeo, en su número de marzo pasado, reconoce que, a pesar de la recuperación económica y el descenso de las tasas de desempleo en la Eurozona, el crecimiento de los salarios continúa siendo débil. En el caso de España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial por trabajador y mes fue de 2.010,73 euros en el cuarto trimestre de 2016, lo cual supone una caída interanual del 0,8%

Señala el BCE que la escasez de mano de obra ha provocado habitualmente en la Eurozona un incremento de las presiones salariales, pero la correlación parece haberse interrumpido en el transcurso de la recuperación, lo cual hace sospechar que la definición de desempleo está siendo demasiado estricta.

Según el indicador de desempleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los demandantes de empleo se consideran desempleados si cumplen tres condiciones: a) no trabajar, b) estar disponibles para empezar el trabajo en un plazo de dos semanas y c) buscar empleo activamente.

Para evaluar bien la oferta de trabajo habría que ir a una definición más amplia del desempleo que incluyera a otros dos grupos: en primer lugar, sacando de inactivos, a los que no trabajan ni buscan empleo, desanimados por la falta de oportunidad de acceder a un trabajo en cierto momento, y en segundo término, a las personas ocupadas a tiempo parcial involuntariamente.

El trabajo a tiempo parcial no ha sido en España una alternativa buscada, como en Holanda por ejemplo, donde el 67% de las mujeres tienen este modelo de contrato y únicamente el 13,4% se considera subempleada, quizás porque en ese país se puede vivir con un contrato parcial. El salario mínimo en Holada pasa de 1.500 euros al mes, el doble que en España.

Voluntario o no, el trabajo a tiempo parcial se ha impuesto también en España en los recientes años y alcanza a cerca de 3 millones de trabajadores, en torno al 16% de los ocupados. Pero la mitad no es que hayan elegido un trabaja parcial porque quieran más tiempo para estudiar o cuidar a la familia, sino porque no encuentran un empleo mejor. Así, el desempleo que oculta el trabajo a tiempo parcial puede situarse en torno al 8% de los ocupados.


Si con esta definición más amplia del desempleo se llega en la Eurozona a una tasa de paro real del 18%, en España pasaríamos del 18,75% de tasa de desempleo oficial al entorno del 35% en 2013 y al 30% en 2016, como se observa en el gráfico.

La evolución del mercado laboral ha dado lugar a que algunos organismos internacionales, entre ellos la OCDE, comiencen a medir el mercado de trabajo con indicadores de desempleo más amplios, ya que ofrecen una perspectiva más ajustada a la realidad.

En EE.UU. la Oficina de Estadísticas Laborales elabora cuatro tasas de desempleo, desde el equivalente al de la OIT, denominada “U3”, que está en el 4,4%, hasta la más amplia (“U6”), que se sitúa en el entorno al 8,6%. Esta última es la que más observan los inversores cuando tratan de conocer la evolución económica.

Como señalan algunos analistas, la consecuencia inmediata de la inadecuada información estadística es que ha provocado fallos en las previsiones de comportamiento de los salarios en los últimos años. Muchas entidades anticiparon que entre 2013 y 2016 aumentarían los salarios y, sin embargo, han ido más bien estancándose.

martes, 23 de mayo de 2017

ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA


Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el conjunto de medidas de la Organización de Naciones Unidas para proteger el planeta y compartir la prosperidad entre todas las personas, están encabezados por “poner fin a la pobreza en todas sus formas” para el año 2030, una meta que han suscrito prácticamente todos los gobiernos del mundo.

Los expertos en desarrollo económico señalan que tenemos hoy la capacidad, quizás por primera vez en la historia, de eliminar totalmente la pobreza extrema, aquella en la que se encuentran los colectivos con ingresos inferiores a 1,9 dólares por persona y día.

Se calcula que es un 10% de la población mundial la que soporta esas condiciones y la mitad de ese colectivo está localizado en el Africa sub-sahariana o Africa negra, una zona al sur del Desierto de Sahara, donde se ubican países con situaciones de emergencia alimentaria.


El gráfico muestra el avance conseguido en los últimos 23 años en la reducción de la pobreza extrema, que ha descendido desde 1.800 millones de personas en 1990 hasta 800 millones en 2013, lo cual representa una disminución en torno a 43 millones por año.

Los expertos opinan que no será fácil mantener este ritmo de progreso en la erradicación de la pobreza en los próximos años, porque viene influido, entre otros condicionantes, por el elevado nivel de crecimiento económico de algunos grandes países en las últimas décadas, como China, en el que prácticamente ha desaparecido la pobreza extrema.

Donde se ha avanzado mucho ha sido en el conocimiento y en la evidencia empírica para reducir la pobreza en el mundo. Aunque las situaciones no son las mismas en todas las regiones, hay un consenso entre los expertos para desarrollar ciertas estrategias que permiten avanzar con firmeza en la consecución de un crecimiento económico inclusivo.

No hay ninguna duda de que deben priorizarse las actuaciones dirigidas a elevar el nivel educativo de la población y a realizar inversiones para mejorar las infraestructuras, a fin de que tanto las personas como los países aumenten su capacidad productiva.

Un segundo conjunto de medidas se orientan a garantizar la protección social de las poblaciones más vulnerables, con el objetivo de que puedan hacer frente a situaciones de enfermedad, desempleo y desastres naturales.

Y dadas las habituales situaciones de desigualdad, es necesario introducir una mayor progresividad en el sistema tributario, para favorecer la redistribución de la renta y, junto con la ayuda internacional, financiar las políticas antes citadas.

A las dificultades propias de poner en marcha cualquier programa de desarrollo hay que añadir las situaciones de conflicto en que viven algunos países. Es el caso de Sudan del Sur, una nación del Africa oriental, donde padecen una hambruna, esta vez no a consecuencia de la sequía, sino a las sangrientas luchas por el poder y el petróleo.

En casos así, son las ONG, con dificultades para realizar su trabajo a causa de los combates, las que continúan aportando ayuda a la población, dado que sus Estados acaban destinando la mayor parte de los recursos a la guerra.

martes, 16 de mayo de 2017

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

La propagación de la reciente crisis financiera por todo el mundo puso en evidencia la interconexión que existe entre los mercados, que permanecen unidos por las grandes arterias en las que discurren los flujos financieros. Cada día se mueven miles de millones de euros entre los países.


Hasta comienzos de los años 60, la mayoría de las operaciones bancarias se realizaban dentro del propio país, con moneda y clientes nacionales. Sin embargo, dos décadas más tarde, una parte significativa de los beneficios de muchos bancos provenía de las operaciones internacionales y, a partir de los años 90, resulta habitual que las entidades bancarias abran sucursales en el extranjero.

Cuando residentes de distintos países intercambian activos financieros (acciones, bonos…) se dice que operan en el mercado internacional de capitales, que en realidad es un conjunto de mercados unidos por sofisticados sistemas de comunicación. Uno de los más conocidos es el mercado de divisas (monedas extranjeras)

En el mercado internacional de capitales operan bancos centrales (Reserva Federal norteamericana, Banco Central Europeo...), bancos comerciales (Santander, BBVA...), grandes empresas e instituciones financieras no bancarias (no captan dinero del público) y otras instituciones públicas. Se intercambian activos financieros y depósitos bancarios denominados en monedas de diversos países.

Las transacciones entre residentes de diferentes países pueden ser de tres tipos: intercambio de bienes y servicios por bienes y servicios, intercambio de bienes y servicios por activos (financieros y reales) e intercambio entre activos financieros. Todas estas relaciones comerciales y financieras dan oportunidad de conseguir beneficios a los participantes.

En el siguiente gráfico, el profesor Krugman esquematiza los tipos de intercambios que se dan entre países



La flecha superior representa los intercambios que se producen cuando un país se concentra en las actividades que realiza con mayor eficiencia y utiliza parte de su producción para pagar los productos importados de otros países. Es la típica transacción comercial de bienes y servicios por bienes y servicios.

Otro tipo de intercambio es el de carácter intertemporal, representado por las flechas diagonales, que consiste en el intercambio de bienes y servicios actuales por bienes y servicios futuros, representados estos últimos por activos financieros. Es el caso de un país que, al no contar con ahorro nacional suficiente, emite bonos para conseguir recursos financieros para importar equipamientos de otro país extranjero.

La tercera categoría de transacciones internacionales viene representada por la flecha horizontal inferior. Representa el intercambio entre activos financieros. Este tipo de flujos financieros son los más importantes. Aunque su volumen ha descendido con la reciente crisis, en años anteriores al 2007 llegaron a representar más de un billón de dólares al año.

Salvo el dinero invertido en activos inmobiliarios, en metales preciosos o en arte, la inversión se realiza en activos financieros, que van desde los más sencillos, como acciones o deuda pública, hasta los más sofisticados, como son los contratos "derivados". Aunque estos últimos fueron ideados para proteger a los inversores de la inestabilidad de lo mercados, hoy día concentran el grueso de la especulación financiera y hacen que cada día cambien los precios, los tipos de interés, las tasas de cambio y los índices bursátiles.

Los mercados internacionales, que incorporan respecto a las operaciones realizadas en los mercados domésticos riesgos específicos derivados de la moneda utilizada y de la implantación de controles de cambio, se han convertido en importantes fuentes de financiación para todas las economías. Las empresas acuden a los mercados para colocar sus títulos de deuda o sus acciones. Y los Estados realizan subastas cada semana entre inversores nacionales e internacionales para cubrir los déficits públicos o refinanciar sus deudas.

martes, 9 de mayo de 2017

UN SISTEMA DE FINANCIACIÓN PROPIO

Los Gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma del País Vasco han puesto fin a una década de litigio por el Cupo derivado del Concierto Económico, que es la aportación vasca al Estado por los servicios no transferidos, sellando así un acuerdo para los próximos cinco años.

En España coexisten desde 1981 dos sistemas de financiación diferentes, ambos con respaldo constitucional y legal: el común, que se aplica en 15 Comunidades Autónomas, y el foral, con concierto económico en el País Vasco y convenio en Navarra.

El concierto económico, poco conocido por los ciudadanos, es un sistema de financiación propio del País Vasco que regula las relaciones financieras y tributarias con el Estado español. En virtud del sistema concertado, la Constitución Española de 1978 establece que las instituciones forales vascas pueden mantener, establecer y regular su régimen tributario.

Los Territorios Históricos del País Vasco (Bizkaia, Gipuzkoa y Araba), a través de sus Juntas Generales, deciden los impuestos que deben pagar los ciudadanos y las Diputaciones Forales se encargan de recaudarlos y gestionarlos. Una parte de esa recaudación, que se denomina Cupo, va al Estado como contribución al sostenimiento de las cargas generales no asumidas por la Comunidad Autónoma.

Se trata de competencias no transferidas (Exteriores, Defensa, intereses y cuotas de amortización de la deuda pública, etc.), cuyo valor se fijó en el 6,24%, (proporción que representaba el PIB del País Vasco respecto del español) de los gastos que realice el Estado en lugar de asumirlos directamente la Comunidad Autónoma Vasca.

Por tanto, el Cupo no cubre directamente los gastos del Estado en la Comunidad Autónoma Vasca, sino que viene a compensar una parte porcentual predeterminada de los gastos que realiza el Estado español en el desarrollo de sus propias competencias en el conjunto del Estado.

Si las restantes Comunidades Autónomas de España (salvo Navarra, que tiene Convenio), se rigen por el criterio de necesidad y reciben financiación del Estado para atender las competencias transferidas, el País Vasco se basa en un criterio de capacidad y se financia con un sistema propio de impuestos y aporta a los gastos comunes del Estado en función de su riqueza relativa.

El concierto es un régimen pactado, en el que las decisiones se toman en comisiones de composición paritaria de representantes del País Vasco y del Estado español, elevándose los resultados de la negociación a leyes que el Parlamento español aprueba o rechaza, pero no puede modificar su contenido.

El carácter solidario del Concierto se manifiesta tanto en la contribución del País Vasco a los gastos comunes en proporción a su PIB, no a su población, como en su aportación a la financiación del Fondo de Compensación Interterritorial, el instrumento previsto en la Constitución para reducir las diferencias entre las Comunidades Autónomas.

Pero el rasgo netamente diferenciador del Concierto respecto del sistema tributario del resto del Estado es que se trata de un régimen de responsabilidad o de riesgo unilateral. El País Vasco debe contribuir a los gastos comunes con independencia del resultado de la diferencia entre los ingresos recaudados y los gastos, ya que su aportación o Cupo se calcula con variables que fija la administración del Estado.

Se reconoce a las instituciones competentes de los Territorios Históricos Vascos las facultades de diseñar y aplicar su propio sistema tributario, respetando la armonización fiscal en la elaboración de la normativa tributaria, mantenimiento siempre una presión fiscal similar a la del resto del Estado y garantizando la libertad de circulación de personas, bienes y capitales.

martes, 2 de mayo de 2017

DESCENSO DE LA POBLACIÓN ACTIVA

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre de 2017, en España ha descendido el número de personas ocupadas respecto al trimestre anterior en un -0,38%, pero una vez desestacionalizado, que supone en este caso eliminar el efecto de la Semana Santa, la variación es positiva en un 0,70%. En los último 12 meses, el empleo ha aumentado en 453.100 personas en el sector privado y ha disminuido en 44.400 en el público.

El número de parados del trimestre sube en 17.200 personas y se sitúa en 4.255.000, aunque en términos desestacionalizados se ha reducido en un -3,02%. En los últimos 12 meses el paro ha disminuido en 536.400 personas.

La tasa de empleo, que es la proporción de personas ocupadas respecto de la población en edad de trabajar (16 a 64 años), indica la capacidad para crear empleo y volumen de producción. En España está en torno al 60%, una de las tasas más bajas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). La media de los países asociados alcanza el 67%, con valores extremos en Islandia (87,5%) y Turquía (50,7%)

Hay que distinguir entre tasa de actividad y tasa de empleo o de ocupación. Mientras la primera mide la situación en el país con la población activa total (ocupados más desocupados), la tasa de empleo solamente incluye al hacer el cálculo la población ocupada.

Un dato interesante de esta EPA es que el número de personas activas desciende de nuevo en el primer trimestre en 52.600 y la tasa de actividad queda en el 58,78%.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución de la población activa española a partir de 2005, en miles de personas



Como observamos en el gráfico, en los últimos cinco años, el número de personas en edad de trabajar y dispuestas a hacerlo ha descendido en 747.000 personas, lo cual representa un 3,1% del colectivo.

Esta tendencia se debe, en parte, a la salida del país de los inmigrantes que vinieron en la etapa expansiva anterior y regresan por las dificultades para hallar un puesto de trabajo. La falta de expectativas puede ser otra razón para la reducción del colectivo de personas activas, porque desanima a muchos trabajadores potenciales a seguir buscando empleo y se convierten en inactivos.

Y una tercera razón tiene que ver con el envejecimiento de la población, un problema que afecta a todos los países desarrollados. No se producen suficientes nacimientos como para asegurar el reemplazo de generaciones, con lo que disminuye la población a largo plazo. Además, está aumentando la esperanza de vida.

En una sociedad como la española, en la que las tasas de fecundidad y de mortalidad llevan tiempo siendo estables, un nuevo flujo inmigratorio podría convertirse en rejuvenecedor de la estructura de edad de la población, no sólo por la recepción de población joven como tal, sino también porque es un colectivo en edad reproductiva y con pautas de elevada fecundidad, que puede al menos suavizar las consecuencias del envejecimiento demográfico.

martes, 25 de abril de 2017

RESPUESTAS A LA CRISIS

A partir del comienzo de la crisis en 2007, la Reserva Federal de EE.UU inició una política monetaria de bajos tipos de interés y un proceso de “monetización”, incrementando la oferta de dinero.
En nuestro caso, el banco central es el Eurosistema, formado por el Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales de los países de la Eurozona. Tiene como objetivo principal mantener la estabilidad de precios, definido como un incremento interanual del Indice de Precios de Consumo (IPC) armonizado por debajo del 2% anual, siempre próximo a este valor.

En el siguiente gráfico podemos observar el crecimiento del balance del Eurosistema, consecuencia de las medidas de expansión monetaria que está adoptando


Un primer tipo de instrumento de política monetaria utilizado por los bancos centrales es el conocido como “operaciones de mercado abierto”. Consiste en la compra o venta de títulos públicos y privados en los mercados, con un efecto inmediato en la cantidad de dinero en circulación, aumentando con las compras (inyección de liquidez) y reduciendo en las ventas (retirando dinero en circulación).

Las llamadas “facilidades permanentes” constituyen también medidas para condicionar los flujos financieros. Mediante estas operaciones se conceden o retiran liquidez a un día de las entidades financieras. El BCE lo otorga a los bancos a cambio de algún activo como garantía, aumentando así la liquidez. Por el contrario, si los bancos depositan dinero en el BCE, se reduce la liquidez.

Un tercer instrumento son las reservas mínimas que las entidades de crédito están obligadas a mantener inmovilizadas en caja o en cuentas de los bancos centrales. En la medida en que aumenta el nivel de exigencia de reservas, se reduce la capacidad de los bancos para conceder créditos a empresas y familias. Actualmente, el coeficiente de reservas fijado por el BCE es el 1% de los depósitos a la vista.

A partir de 2012 se han utilizado otras herramientas, consideradas excepcionales, como la compra por el BCE en el mercado secundario de bonos gubernamentales y empresariales, un programa denominado “flexibilización cuantitativa”. El mecanismo es sencillo. El BCE crea dinero de la nada electrónicamente, lo acredita a las cuentas de los titulares, al tiempo que incluye en su activo los bonos, con lo que aumenta el balance consolidado del banco central. Se espera que, en la sesión del próximo jueves, el BCE mantenga los tipos oficiales al 0% y continúe con la compra de 60.000 millones de deuda al mes.

La intervención decidida de los bancos centrales para evitar la deflación fue una de las respuestas a la crisis mundial y, en el caso de España, no cabe duda de que la política monetario del BCE ha sido uno de los vientos de cola que ha contribuido al nuevo crecimiento económico del país.




















martes, 18 de abril de 2017

PRESUPUESTOS GENERALES

Los ingresos y gastos del Estado vienen recogidos en el documento denominado “Presupuestos Generales del Estado”, que es confeccionado por el Gobierno cada año y enviado al Parlamento (Congreso y Senado, en el caso español). Tras debatir las modificaciones propuestas por la oposición parlamentaria, finalmente es aprobado.

Los Presupuestos marcan la Política Económica para el período anual, aunque suelen sufrir modificaciones a lo largo del período a través de decretos leyes, de tal modo que las partidas realmente ejecutadas resultan muy diferentes de las que inicialmente habían sido aprobadas por el Parlamento.

Las administraciones que abarca el presupuesto del Estado (subsector público) son el Estado en sentido estricto, la Seguridad Social, los Organismos Autónomos (Instituto Nacional de Estadística, Parques Nacionales, Servicio de Empleo, Jefatura de Tráfico, etc.), y agencias estatales (Meteorología, Cooperaciones Internacional para el Desarrollo, Medicamentos y Productos Sanitarios, Boletín Oficial del Estado, etc.)

Para contemplar el sector público español en su conjunto habría que añadir a los Presupuestos Generales del Estado los correspondientes a las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales (Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos, etc.).

En los capítulos presupuestarios de gastos destacan los correspondientes al personal, las compras de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento diario, las transferencias corrientes (sin contrapartidas) y las inversiones. Los gastos se desglosan también por áreas de actividad: educación, salud, justicia, defensa, etc.

Los ingresos se dividen en impuestos directos (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto de Sociedades), indirectos (Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales), las tasas y los ingresos del patrimonio nacional, los correspondientes a la venta de bienes del Estado, las transferencias recibidas y los ingresos de la Seguridad Social, así como los que correspondan a los demás organismos autónomo y agencias estatales.

Los presupuestos generales no financieros del subsector Estado presentados por el gobierno español para el año 2017 ascienden a 343.102 millones de euros y prevén un crecimiento del PIB para el año del 2,5%, con el paro al final de diciembre en el 16,6%. Una vez consolidados el presupuesto del Estado y los organismos autónomos (Seguridad Social), el montante final es de 318.443 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,3% respecto al año anterior.

El déficit público tiene que descender del 4,3% de 2016 al 3,1%, lo que supone un ajuste de 14.250 millones de euros, que el gobierno confía en lograr a base de congelar los gastos públicos y aumentar la recaudación fiscal en el 7,9%, un objetivo difícil de conseguir

Una de las partidas con importante recorte es la inversión en infraestructuras (ferrocarril, carreteras, puertos y otras hidráulicas), que desciende en un 20%. En cambio, Justicia aumenta un 7,7%; Sanidad y Servicios Sociales, un 2,3%, y Educación, el 1,7%.

Como consecuencia de los déficits públicos acumulados, el endeudamiento conjunto de las Administraciones Públicas, según al gobierno, será del 99% del PIB al final de 2017. Aunque la política monetaria del BCE ha permitido reducir notablemente el tipo de interés de los préstamos, la carga por intereses ascenderá al 9,4% de todo el gasto del Estado.

En el siguiente gráfico tenemos la síntesis de las partidas más importantes de los Presupuestos Generales del Estado español para 2017, en millones de euros, presentados por el Gobierno con retraso. En las cabezas de las columnas se indican las variaciones respecto de 2016



Observamos la importancia del gasto en pensiones, que acapara el 43,7% de los presupuestos. El organismo que las gestiona, la Seguridad Social, va a recibir como apoyo del Estado un préstamo de 10.192 millones. Los intereses de la deuda (32.171 millones) se han reducido por la caída de los tipos de interés y también desciende el gasto de desempleo (18.318 millones), debido a la reducción del paro y a la pérdida del derecho al subsidio por el transcurso del tiempo.

Los Presupuestos generales, que representan en torno al 40% de la actividad económica en España, son importantes porque los gastos e ingresos públicos que incorporan tienen efectos multiplicadores en las rentas.

Las Administraciones Públicas, cuando gastan o recaudan, dirigen la economía respondiendo a una determinada voluntad de actuar de un modo u otro, generando efectos diversos que beneficiarán o perjudicarán a colectivos específicos. No es lo mismo, por ejemplo, establecer un impuesto directo, que grava en función de la renta o la riqueza, que uno indirecto como el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), a pagar con el mismo porcentaje sobre las compras cualquiera que sea la renta o la riqueza de las personas.

Se prevé un aumento del gasto social del 1,39% respecto de 2016, pero con una inflación del 1,5% durante el año perderá poder adquisitivo, y el crecimiento previsto del PIB nominal del 4% implica que caerá el peso de este tipo de gasto en el PIB.

Esperemos al resultado del debate parlamentario sobre los Presupuestos. Ahora que el avance del PIB es una realidad, la política fiscal podría utilizarse para cohesionar la sociedad española y mejorar la situación de los colectivos mas golpeados por la crisis.





martes, 11 de abril de 2017

EL NUEVO CRECIMIENTO

Con los crecimientos que lleva acumulados a partir del año 2014, el Producto Interior Bruto (PIB) español superará este año el nivel de 2008, máximo volumen alcanzado (1,11 billones de euros).

Sin embargo, la población española no ha recuperado los estándares de vida previos a la crisis. Con una tasa de desempleo del 18,6%, lejos del 13,7% de 2008, un paro juvenil del 40% y una temporalidad en los contratos de trabajo del 26%, no es posible pensar que se ha superado la crisis. La recuperación no puede ser completa mientras no se hayan repuesto los 3,5 millones de empleos perdidos entre 2008 y 2013, y aún no se ha llegado a la mitad

Como vemos en el gráfico, el PIB por habitante tampoco se ha recuperado del todo, puesto que alcanza una media de 24.000 euros anuales, cuando en 2008 se llegó a los 25.000. Puede considerarse que ha habido casi una década perdida, porque la recuperación no es sólo volver a los niveles de ingresos, sino alcanzar los que se hubiesen logrado manteniendo el crecimiento de la economía.

El aspecto positivo es que la composición del crecimiento ha sido más sana que el impulsado por el auge económico que desembocó en la burbuja inmobiliaria (2000-2007). El crecimiento no se ha apoyado esta vez sobre el endeudamiento privado. Al contrario, los hogares y las empresas han ido reduciendo de forma significativa su deuda.

Si antes España tenía un déficit de ahorro y, por tanto, debía endeudarse frente al exterior para financiar sus inversiones, ahora se genera una capacidad de financiación (2% del PIB en 2016) , lo cual ha permitido avanzar en el desendeudamiento de los agentes privados.

Ha aumentado la inversión en bienes de equipo y ha subido también la participación de la industria en el Valor Añadido Bruto durante la recuperación. La reducción de los costes laborales unitarios ha hecho posible ir mejorando la capacidad competitiva perdida en los años anteriores, lo cual ha permitido el impulso de las exportaciones, una cierta mejora en la industria y la creación de empleo.

La caída del precio del petróleo y la más activa y menos ortodoxa política monetaria han contribuido a revitalizar la demanda agregada de la economía. El Banco Central Europeo ha ayudado a que los tipos de interés de los créditos a las empresas y familias se hayan situado en los niveles de los países centrales de la Eurozona, mejorando también las condiciones de la oferta de crédito.

Pero la economía española tiene pendiente la corrección de deficiencias estructurales tales como el incremento en el nivel formativo de la población activa. El doble porcentaje respecto de Europa de jóvenes que no han llegado a completar la enseñanza secundaria (38%) hace que su empleabilidad sea reducida y, además, presionen a la baja los salarios.

Además de la baja productividad, que influye en la calidad del empleo, la economía española tiene el enorme reto de afrontar la cuarta revolución industrial, una tarea difícil cuando predominan las empresas pequeñas, con escasa capacidad para abordar las inversiones y los procesos formativos que requieren los cambios tecnológicos.










martes, 4 de abril de 2017

LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

La “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura” (FAO), en el informe de 2017, en uno de sus múltiples enfoques, hace énfasis en que, para hacer frente a la creciente demanda de alimentos, se requiere la mejora de la productividad agrícola de forma sostenible, con avances sustanciales en la conservación y el uso de los recursos disponibles.

La población mundial, actualmente de 7.200 millones de personas, alcanzará previsiblemente la cifra de 9.000 millones en el entorno del año 2050.


El gráfico muestra la evolución previsible, según Naciones Unidas, de la población mundial, en miles de millones de personas. Se puede observar que, frente a la práctica estabilidad de los países desarrollados (espacio azul), la población de los países en desarrollo (espacio rojo) habrá aumentado en más de un 25% en el año 2050.

Dada la continua expansión, las tierras agrícolas y los recursos hídricos se están agotando, por lo que el incremento de la producción tiene que lograrse mediante la conservación y el uso eficiente de los recursos naturales, cuidando además de que se reduzca la huella ambiental y climática de la agricultura para garantizar el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

El medio rural concentra la mayor parte de los 700 millones de personas pobres y hambrientas del mundo, que apenas logran mantenerse de la agricultura, la pesca o la silvicultura. La mejora de su situación precisa de apoyo financiero para una educación de calidad, la diversificación hacia actividades no agrícolas, el impulso a la creación de empleo y acceso a la protección social.

El informe reconoce que el cambio climático y la competencia por los recursos naturales seguirán contribuyendo a la degradación del medio ambiente, con consecuencias negativas para los medios de vida y la seguridad alimentaria de las personas

No cabe duda de que los problemas de hambre, inseguridad alimentaria y subnutrición persistirán, junto con el aumento del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas a la dieta.

Pero en la mayoría de países de bajos ingresos se está produciendo cierta transformación, que tendrá consecuencias para los sistemas de producción agrícola, el empleo, la nutrición y las migraciones.

Es evidente que se precisa invertir más en la agricultura y en los sistemas agroalimentarios, así como en la investigación y el desarrollo, para potenciar la productividad agrícola e impulsar la innovación sostenible, la prosperidad rural y la seguridad alimentaria. Los sistemas alimentarios, que se van concentrando en menos manos, cada vez tienen una participación más elevada de capital y una mayor integración vertical. La FAO recuerda que en la senda del desarrollo sostenible todos son interdependientes.

Mantener la situación actual ya no es una opción y, por tanto, todas las sociedades deberán introducir cambios fundamentales en su forma de producción y consumo. Hacen falta nuevos enfoques en los sistemas agrícolas y en la gestión de los recursos naturales para superar los desafíos que existen y garantizar un futuro seguro y saludable para todos.

martes, 28 de marzo de 2017

LA UNIÓN MONETARIA

Con motivo de cumplirse este mes el 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma, en cuyo acto se fundó la actualmente denominada Unión Europea, la Comisión ha presentado el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, con reflexiones y escenarios para la UE27 en el año 2025.

Aunque Europa es el mayor mercado único del mundo y cuenta con la segunda moneda más utilizada, su poder económico va descendiendo en términos relativos. La UE27 representaba en el 2004 un 26% del PIB mundial, ahora supone el 22% y caerá para el año 2030 por debajo del 20%, debido al rápido crecimiento de las economías emergentes. La proporción de Europa sobre la población mundial ha descendido desde el 11% en 1960 al 6% en la actualidad.

En cuanto al euro, como puede apreciarse en el gráfico, se ha convertido en la segunda moneda más utilizada del mundo, pero su participación en la cesta de monedas de referencia del Fondo Monetario Internacional, los llamados Derechos Especiales de Giro (activos de reserva internacional)
, ha descendido del 33% al 30% en los dos últimos años. Otro tanto les ha ocurrido al dólar y a la libra esterlina, debido a la introducción del yuan chino en la cesta de referencia monetaria. 



La incidencia del euro preocupa a los países que han adoptado la moneda única. Se reconoce que la reciente crisis ha demostrado que el proceso de unión monetaria no estaba sólidamente asentado y ha requerido de iniciativas como la Unión Bancaria, a la que pertenecen instrumentos como la regulación y supervisión, resolución de crisis y garantía de depósitos, que se confía refuercen la Unión Monetaria.

Casi desde la entrada en vigor del euro, y sobre todo con la caída en la Gran Recesión, pudieron apreciarse problemas de competitividad, con desequilibrios en países periféricos europeos como Grecia, Portugal y España, a causa de diferencias en productividad y costes entre los países, que dificultan la competencia  dentro de la Eurozona.

Economistas del grupo francés Natixis han analizado tres opciones: la devaluación interna, la devaluación fiscal y la salida del euro. La primera, ya aplicada en España en los años 2011 y 2012, supone la reducción de los costes laborales y los dividendos empresariales. Tuvo un coste muy elevado en pérdida de empleo y caída de la actividad económica, por lo que difícilmente va a ser aceptado por los ciudadanos un planteamiento semejante.

La segunda opción viene escuchándose a los políticos, pero no acaba de concretarse, porque la devaluación fiscal supone reducir las cotizaciones sociales para bajar los costes laborales a cambio de aumentar el IVA de los productos y servicios. Es un planteamiento regresivo, que afecta en mayor medida a las rentas bajas, por lo que será rechazado por la opinión pública.

La opción más drástica sería abandonar el euro. No resulta nada fácil (algunos la consideran imposible), debido a la elevada deuda externa de los países. Llevaría a una devaluación que incrementaría su valor real en términos de la nueva moneda que sustituiría al euro en cada país saliente, con alto riesgo de “default” (suspensión de pagos)



En definitiva, un panorama lleno de sombras, que estará presente en los debates sobre los cinco escenarios que plantea el documento elaborado para el proceso de reflexión que se abre con la cumbre de la UE27: seguir igual, sólo el mercado único, mayor colaboración en ámbitos específicos para los que lo deseen, hacer menos de forma más eficiente y hacer más conjuntamente. Veremos qué combinación de las cinco alternativas sale de las negociaciones como proyecto de la UE27 en 2025.



martes, 21 de marzo de 2017

LA ESTABILIDAD DE PRECIOS

Sin apenas transición, la economía española ha pasado del temor a caer en la deflación, con valores negativos en el índice de precios, a engancharse al tren de la inflación, que está avanzando a una tasa interanual del 3%, cuando la media en los países de la Eurozona no supera el 2%.

Tanto la deflación como la inflación son fenómenos que indican una inestabilidad en los precios, por lo que es preciso distinguir los valores económicos reales en un momento dado, medidos a precios constantes, y las alteraciones de las variables monetarias, computadas a precios corrientes, con los cambios de precios incluidos. Por ejemplo, si el PIB subió en un país en 2016 el 4% a precios corrientes y la inflación fue del 1%, la subida real del año, a precios constantes, fue del 3%

El tipo de inestabilidad de precios más frecuente entre nosotros ha sido la inflación. Las subidas de precios suelen acelerar las compras que, a su vez, provocan nuevas subidas, dando lugar a una espiral inflacionista. Como los precios se convierten en señales para los intercambios del mercado, en los casos de inestabilidades muy acusadas, como las hiperinflaciones, pueden llevar a tomar decisiones económicas equivocadas.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución anual de los Indices de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) desde enero de 2016 en España y en la Eurozona (Unión Monetaria de 19 Estados europeos)

Observamos las importantes variaciones del indice en España, en términos interanuales, desde -1% en febrero de 2016 al +3% en el mismo mes de este año, influido este último sobre todo por los gastos de transporte, con subida del 8,5%, a causa del cambiante precio del petróleo en los últimos  12 meses.

El Indice de Inflación Subyacente (sin incluir alimentos no elaborados ni productos energéticos) continúa casi estable en torno al 1%. Aunque este indice no sea el objetivo del Banco Central Europeo, suele indicar la tendencia de fondo del indice de precios general y es una variable que influye en las decisiones monetarias.

Con el incremento del precio de los productos energéticos y el aumento del precio de la electricidad, pierden fuerza los vientos de cola que han impulsado el crecimiento y suavizado los rigores de la crisis. Parece que volvemos a los primeros año del euro, época inflacionista, en la que el IPC español fue claramente superior al de la Eurozona, lo cual supuso una pérdida de competitividad.

En estos momentos, uno de los factores claves para la diferencia de inflación con otros países europeos es la mayor incidencia del precio del petróleo, al contener en España menos impuestos que en otros países y, por tanto, ser más sensible a las variaciones del crudo.


Aunque en las últimas décadas se ha supuesto que los bancos centrales tenían capacidad para controlar los precios a través del volumen monetario y el tipo de interés, las enormes inyecciones de dinero que realizaron durante la Gran Recesión no habían conseguido mover la inflación negativa al entorno del 2%, objetivo del Banco Central Europeo.

La inflación aparece ahora con fuerza por la reducción de la oferta de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), que ha provocado la subida del precio del crudo, y el aumento del precio de la electricidad (inflación de costes), unos sucesos que poco tienen que ver con los estímulos monetarios de los bancos centrales, lo cual demuestra que el incremento de la base monetaria (monedas y billetes en circulación más las reservas bancarias) no implica necesariamente el aumento de la oferta monetaria o cantidad de dinero que hay en circulación, que incluye, además de la base monetaria, el dinero creado con los depósitos por los bancos comerciales.

Como afirman muchos economistas, los bancos pueden resistirse a conceder préstamos por diversos motivos y mantener el dinero en reservas en el banco central, que es lo que hicieron en buena medida en los últimos años, y las familias y las empresas situarlo más bien en activos líquidos, en lugar de consumir e invertir, seguramente por precaución y las expectativas poco favorables.







martes, 14 de marzo de 2017

TRANSFERENCIAS ENTRE GENERACIONES

Los temores que suscita hoy día una elevada deuda pública llevan a muchos a afirmar que el gasto público financiado mediante préstamos traslada el peso total o parcial de la carga sobre las generaciones futuras, puesto que es a esos ciudadanos a los que se va a exigir el pago de los impuestos necesarios para devolver la deuda y pagar los intereses.

La deuda aparece como un instrumento apto para distribuir la carga entre distintas generaciones, evitando impuestos excesivos a la generación actual, porque sólo se beneficia en muchas ocasiones de una parte de los efectos de ese gasto en inversión o servicios ofrecidos por la Administración Pública.

Si en lugar de pagar ahora con impuestos se recurre a la deuda, hay una transferencia de carga financiera sobre las generaciones futuras, dividiendo el coste entre varias generaciones, imposible de conseguirlo mediante la financiación con impuestos a la generación actual.

Hacia comienzos de la década de los 60, el enfoque clásico de la transferencia de carga sobre las generaciones futuras fue sustituido por un planteamiento que niega la existencia de tal transferencia y establece la distinción entre deuda interna y deuda externa de un país.

Se dice que el volumen de la deuda interna, la que está en poder de los ciudadanos del país, carece casi de importancia si puede servir para reducir el nivel de desempleo. La deuda interna no es una carga para las siguientes generaciones, dado que cuando se paguen impuestos para atenderla, habrá otros ciudadanos del mismo país, los poseedores de bonos, que cobrarán al mismo tiempo por la devolución del préstamo realizado y los intereses devengados.

Si nuestros hijos o nietos han de soportar impuestos para devolver la deuda interna que se genera en nuestro tiempo, los cobros de intereses y devoluciones se harán también por contemporáneos de nuestros hijos o nietos, aunque es cierto que puede cambiar la distribución de las cargas si los colectivos a los que corresponda pagar o cobrar son muy diferenciados.

La deuda interna no supone ninguna reducción de la riqueza de un país, puesto que la riqueza reside en la capacidad de sus habitantes para el desarrollo de actividades económicas, utilizando la tecnología, la organización y los equipos productivos adecuados.

Desde una perspectiva macroeconómica, un gasto público sólo supone carga en la medida en que reduce los recursos para la producción privada, caso que se da únicamente cuando todos los recursos de la economía están plenamente utilizados. Por tanto, en situaciones de recesión y paro, un gasto público no es una carga, porque se limita a utilizar recursos ociosos, sin provocar ninguna reducción de la producción privada. Tengamos en cuenta que la auténtica carga sucede mientras se está realizando el gasto público, debido a que han de ser sacrificados durante el período otros usos alternativos.

La deuda externa, con otros países o con ciudadanos de otros países, sí es relevante para la transferencia entre generaciones y se asemeja a la deuda privada. Si el deudor consume más de los que produce por medio de la deuda, más tarde (otra generación) tendrá que consumir menos de lo producido para pagar el préstamo.

En el gráfico tenemos la evolución de la deuda externa española en los últimos 20 año:


En términos netos (pasivos financieros menos inversiones en el exterior), la deuda externa fue subiendo hasta el 2010, tuvo un ligero descenso desde el 2014 y se situó en 2016 en el entorno del 88% de PIB

La Balanza de Pagos por Cuenta Corriente más Capital está consiguiendo saldos positivos en los últimos años, lo cual permite que se reduzca la alta dependencia de la financiación externa.

Desde el punto de vista financiero, la deuda externa no parece que es un problema a corto plazo, dado que los tipos de interés son ahora muy bajos, pero si vuelven a los niveles de hace unos años, el coste anual de los intereses será muy elevado y puede suscitar temores en los inversores internacionales a la hora de refinanciar las deudas.










martes, 7 de marzo de 2017

EMPLEO Y PRECARIEDAD

La Comisión Europea acaba de publicar su informe semestral sobre el avance de los Estados miembros hacia las prioridades económicas y sociales. En el caso de España, además de mostrar preocupación por la elevada deuda pública y privada del país, la baja inversión en I+D, la corrupción y las carencias educativas, la Comisión alerta sobre el incremento de la desigualdad y la exclusión social, consecuencia del alto nivel de paro y el abuso de contratos temporales.

La tasa de desempleo se ha reducido en los dos últimos años, pero aún continúa siendo la más alta de la Unión Europea (18,4%) después de Grecia y afecta sobre todo a los jóvenes (40% de paro juvenil) y a los menos cualificados. Quizás el dato más preocupante es que la mitad de los desempleados llevan más de un año sin trabajo, lo cual apremia intensificar las políticas activas de empleo.

El uso extendido de contratos temporales (26,5%) hace que sea baja la calidad del trajo creado y afecta en forma negativa tanto a las condiciones de vida de los trabajadores como a la productividad. Los grupos políticos debaten la conveniencia de unificar las indemnizaciones por despido de los dos tipos de contratos: indefinidos y temporales.

La afiliación a la Seguridad Social creció en enero en 75.000 personas y 580.000 en doce meses.


Como observamos en el gráfico, el empleo se recupera al compás del PIB desde el 2014, alcanzando en febrero de este año 17,7 millones de afiliados a la Seguridad Social.

Los salarios están perdiendo peso en el PIB y la desigualdad aumenta pese a crearse empleo, algo que no había ocurrido en otras recuperaciones. La participación del trabajo en el PIB ha descendido desde el 50% en 2008 al entorno del 47,3% en 2016, con aumento de las rentas del capital y los impuestos indirectos.

En el siguiente gráfico tenemos la evolución del riesgo de pobreza, que recoge el porcentaje de población que tiene unos ingresos inferiores al 60% de la mediana (valor situado en la mitad del colectivo)


Observamos que en el 2015 hay una reducción en el porcentaje de riesgo, pero el 28,6% resulta elevado si comparamos con la media europea (24,5%). Resulta un nivel preocupante, sobre todo cuando se conoce la situación del colectivo que dispone de empleo: el 13,1% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza. Es un dato relevante de la precarización que han provocados las reformas del mercado de trabajo.

























martes, 28 de febrero de 2017

NUEVA ESTRUCTURA DEL IPC

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar el Índice de Precios de Consumo (IPC) en “base 2016”, para actualizar y mejorar la representatividad de este indicador. Se han introducido cambios respecto del “base 2011” en la composición de la cesta de la compra y en la estructura de las ponderaciones, de acuerdo con la clasificación europea de consumo.

La información sobre los gastos de las familias proviene de la “Encuesta de Presupuestos Familiares”, que proporciona información detallada de los gastos en bienes y servicios y su estructura de consumo. En la revisión se han eliminado los que han perdido importancia en el quinquenio y añadidos aquellos que han adquirido relevancia.

Los cambios en el comportamiento de los consumidores aconsejan actualizar cada año el peso o importancia de los grandes agregados de bienes y servicios y revisar cada cinco años las ponderaciones de todos los niveles de consumo.

En la siguiente tabla se recoge el peso de cada uno de los 12 grupos y su comparación con el vigente hasta ahora


La participación en el consumo de la Alimentación, sin contar con los gastos en hoteles, restaurantes y cafés (12%), ha llegado al 19,77% del total. El siguiente grupo en importancia es el Transporte, con un 14,67%, seguido de la vivienda, con un 13,3% y con un incremento de participación del 6,4%. Con menor ponderación (8,52%), pero con notable incremento (21,8%), destaca el grupo de Ocio y Cultura, que es el que mayor transformación ha tenido.

Dentro de los grupos, la partida más importante es “Restaurantes, cafés y salas de baile”, a la que se dedica el 9,15% del gasto familiar, seguida a distancia por la “Electricidad” (grupo de “Vivienda”), con un 3,52%

En este IPC se estrenan los juegos de azar, que suponen el 1,3% del gasto total de las familias, tanto como el destinado a la enseñanza en todos sus grados (1,37%) y el doble de lo dedicado a los libros de todo tipo.

El INE ha comenzado a utilizar esta nueva estructura del IPC en enero. El gráfico recoge la evolución del índice general y el subyacente.

El notable incremento interanual (doce meses anteriores) de enero (3%) se debe a la caída mensual de -1,9% en enero 2016 y a la menor reducción mensual de enero 2017 (-0,5%). Si añadimos al valor anual de diciembre (1,6%) la diferencia de inflación en enero entre ambos años (1,9% – 0,5% = 1,4%), tenemos el valor interanual de enero 2017 (3%).

El indicador subyacente, sin carburantes ni alimentos frescos, solo ha incrementado el indice anual del 1% a 1,1%. La diferencia entre el índice general y el subyacente se debe fundamentalmente a las oscilaciones del precio del petróleo.

El gran saldo de la inflación en enero es un pésimo dato para la economía, puesto que implica una caída del poder adquisitivo para los ciudadanos y una pérdida de competitividad del país, al compararlo con la Eurozona, que tiene una inflación del 1,8%. Las exportaciones se van a ver afectadas.

Como señalan algunos analistas, es de esperar que este repunte tan brutal sea solo temporal y que en unos pocos meses se sitúe en  niveles más razonables, en torno al 1,5%, que es el objetivo señalado para el 2017.