martes, 15 de septiembre de 2015

EL PARO DE LARGA DURACIÓN

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el segundo trimestre de este año se ha reducido el número de desempleados en España a un ritmo anualizado del 8,4%, situándose en 5,1 millones, que representa una tasa del 22,37%. 

Aunque el paro lleva siete trimestres descendiendo en España, permanece en nuestra sociedad la secuela que dejó la destrucción de empleo de los últimos años, que ha apartado a millones de personas del mercado laboral y padecen ahora las dificultades de encontrar un empleo, con cada vez más tiempo sin trabajar a sus espaldas. 

Como vemos en el gráfico, el colectivo de parados de larga duración en España, con más de un año de desempleo, está formado por más de 3,2 millones de personas, de las cuales 1,2 millones llevan más de cuatro años sin acceder a ningún empleo.

Las personas menores de 25 años y las mayores de 45 constituyen los colectivos más afectados y quienes encuentran mayores dificultades para acceder a un empleo. En el primero de los casos, por falta de experiencia laboral, y en el segundo, porque su preparación profesional ha perdido valor con la larga estancia en desempleo.

Los parados de larga duración, especialmente aquellos que llevan más de dos años en paro, constituyen el colectivo más débil en el mercado laboral. El paso de tiempo hace que se reduzcan sus posibilidades de incorporarse al empleo y, una vez cronificada su situación, son candidatos a las bolsas de exclusión social. 

La caída del sector de la construcción y la deslocalización de empresas han acabado teniendo un fuerte impacto en el mercado laboral. La renovación tecnológica y la automatización de los procesos hacen también que carezcan de validez la capacitación y la experiencia de muchos trabajadores.

El problema del paro de larga duración tiene tal dimensión que, en el mes de mayo, la Comisión Europea urgió a las autoridades españolas a tomar medidas efectivas de políticas activas de fomento de empleo. Los planteamientos suelen incidir tanto sobre la empleabilidad de los parados (formación) como sobre el incentivo a la contratación de trabajadores (subvenciones)

Los datos aportados por la OCDE, correspondientes al año 2012, indican que mientras Alemania y Francia gastaron más de 2.500 euros por desempleado en políticas activas de formación, Italia dedicó cerca de 800 y Portugal superó los 500. España no llegó a 200 euros de gasto por desempleado.

Las política activas no son sencillas de concretar y tienen elevado coste, pero los países las afrontan para evitar el riesgo de instalarse en un elevado “paro estructural”, una situación que supone la consolidación de los desajustes entre la cualificación o la localización de los que buscan empleo y la requerida por los puestos de trabajo a cubrir.

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