Los ministros de
Economía de la zona euro aprobaron el 16 de mayo de 2011 la ayuda financiera (rescate) para Portugal,
que consistía en un paquete de préstamos de 78.000 millones de euros, a
entregar a lo largo de 3 años.
En un rescate, los
países del Eurogrupo son los que realizan aportaciones a un fondo, a fin
de comprar toda la deuda que el país en
dificultades financieras necesita. Se aplica un interés del 6% y la devolución del préstamo es a 15 años. A
cambio, se le exige al país que recorte el déficit y que mejore su
competitividad con medidas drásticas.
Las condiciones
establecidas fueron aplicar “un ambicioso pero creíble ajuste fiscal” para
lograr la reducción del déficit desde el 9,1% del PIB en 2010 al 3% en 2013; un
plan de reformas del mercado laboral, sistema judicial y vivienda, y un paquete
de medidas para reforzar el capital de los bancos.
Tras un año y medio de
medidas de austeridad (reducción de retribuciones a funcionarios y pensionistas,
recortes en sanidad y educación), en 2012 han subido el IVA (hasta el 23%), el
impuesto de la renta, las tarifas médicas (ir al médico de familia cuesta 5
euros y a urgencias 20 euros) y los transportes públicos.
En el siguiente gráfico
podemos observar la evolución del PIB del país:
La caída de la renta
alcanzará este año el 3%, cuando la media de la Unión Europea mantendrá el
nivel de PIB del año anterior, y el paro
portugués subirá por encima de 15,7%.
La economía del país
está anémica después de tantos meses de recortes. Con el consumo cayendo este
año en torno al 6%, los ingresos del Estado están siendo menores que los
previstos. Por el contrario, los gastos del subsidio de desempleo siguen
incrementándose.
Portugal va un año por
delante de España y puede ser un caso representativo de que la asunción de
austeridad en solitario no aporta los resultados que se desean.
El Gobierno español
huye de la palabra rescate porque resume la humillación de un país y apuesta a
que no sea necesario pedirlo.
Si el anuncio del BCE
de que no va a ser impasible ante el elevado coste diferencial que están
pagando algunos países para poder financiarse hace que los inversores vuelvan a
comprar deuda pública, subirá el precio de los títulos y bajará el tipo de
interés. España podría financiarse con cierta comodidad sin el rescate.
Pero, a juzgar por las
recientes reducciones de la prima de riesgo, los inversores ya han descontado
que habrá petición de rescate. Por lo tanto, al Gobierno español le va a
resultar difícil esquivar la presión de las instituciones europeas, que buscan
ante todo proteger los intereses de los acreedores de la deuda, en su mayor
parte bancos alemanes y franceses.
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