martes, 5 de diciembre de 2017

ECONOMIA DE LAS BURBUJAS

Muchos inversores son conscientes de que la valoración de de los activos financieros empieza a estar inflada como consecuencia de la prolongada intervención de los bancos centrales en los mercados. Sin que aún se afirme que estamos ante una burbuja, se reconoce que el precio de algunos activos está alcanzando valores poco razonables y se teme el efecto que puede tener en España la anunciada retirada gradual de los estímulos financieros del Banco Central Europeo (BCE).

Una burbuja económica se produce cuando el precio de un activo físico o financiero sube muy por encima de su valor real durante un período largo de tiempo, como consecuencia del incremento de su demanda en busca de ganancias especulativas.

El precio puede alcanzar valores muy altos, pero llega un momento en que las compras se van ralentizando, el precio comienza a caer, y el afán de vender rápidamente el activo provoca su desplome, haciendo explotar la burbuja, con pérdidas para los propietarios del activo y, muchas veces, marcando el inicio de un período de recesión económica.

Los procesos de auge y caída tienen en economía tres tipos de argumentaciones: a) la ortodoxa, propia de la economía neoclásica, que atribuye las oscilaciones al libre mercado y a la falta de regulaciones y controles por parte del Estado; b) la perspectiva de los economistas conductuales, que lo atribuyen a la naturaleza irracional humana (exuberancia irracional), los sesgos de los individuos, el exceso de motivación y el riesgo, y c) la intervención del Estado en la economía, con el aumento de la oferta monetaria de los bancos centrales.

Aunque es fácil identificar las burbujas del pasado, resulta muy difícil detectarlas cuando están a punto de estallar. Los valores se inflan cuando los inversores y especuladores valoran de manera exagerada determinados activos, haciendo que los precios aumenten muy por encima de sus valores fundamentales.

En ocasiones, ciertas distorsiones del mercado pueden dirigir la actividad económica a inversiones no productivas o bienes sin demanda suficiente, que finalmente se liquidan, ya que no es posible seguir manteniendo el boom, dando lugar al proceso de reajuste. Pensemos en la reciente burbuja inmobiliaria española, durante la cual llegaron a construirse más de 700.000 viviendas en un sólo año, cuando la demanda estimada no pasaba de 300.000.

En el siguiente gráfico se recogen las evoluciones de la producción residencial y el crecimiento demográfico en España, que dibujan el escenario en el que se desarrolló la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008


Observamos la disparidad entre la evolución demográfico, en descenso, y el incremento acelerado del número de viviendas proyectadas.

Las burbujas se han apoyado en diversos tipos de activos a lo largo de la historia. Entre las más conocidas se encuentra la que en el siglo XVII se generó en Holanda, quizás la más estudiada, sobre el precio de los tulipanes, unas flores decorativas de la época. Un siglo más tarde estalló la burbuja especulativa sobre las acciones de las compañías “Mares del Sur y Misisipi”. El crac de 1929 terminó con la burbuja del valor inflado de las empresas industriales. Ya en nuestro siglo, en 2001 estalló el valor de las empresas vinculadas a Internet (“puntocom”) y recientemente la burbuja especulativa sobre las viviendas en España y otros países.

Las etapas generadoras de la burbuja han sido similares en todos los casos conocidos. El valor de cierto activo se empieza a separar del que puede justificarse técnicamente y, bajo el impulso de los especuladores y las facilidades financieras, el precio se infla desmedidamente. Cuando explota la burbuja, la caída no es suave, sino que toma la forma de un desplome repentino.

Las entidades bancarias suelen jugar un papel importante en estos procesos económicos, ya que muchas veces los préstamos y la abundancia de liquidez contribuyen precisamente a inflar más los precios. Al final del proceso, el hundimiento del valor de los activos arruina a los inversores, que no pueden llegar a hacer frente a la devolución de los préstamos recibidos, con lo que los propios bancos se encuentran en dificultades.














martes, 28 de noviembre de 2017

DESARROLLO DESIGUAL

Los retos para abordar la construcción de un mundo más justo, con horizonte en el 2030, están condensados en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 169 metas específicas, aprobadas por los países miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, tras numerosas reuniones en las que participaron instituciones gubernamentales, agencias de la ONU, representantes de instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil.

El reto principal es acabar con la pobreza extrema, de tal modo que ningún ser humano esté condenado a vivir con menos de 1,25 dólares al día. Se apremia también a que, a nivel de cada país, se implementen sistemas de protección social para mejorar la situación de los colectivos más vulnerables. 

El historiador económico J.Bradfor Del Long, profesor en la Universidad de California (Berkeley) señala, utilizando una acertada metáfora, que “los ODS deben funcionar como autopistas de peaje, que permitan avanzar a un destino específico mucho más rápido que si se hubiera tomado la ruta panorámica. Por lo tanto, el propósito de la formación de consensos debería ser llevarnos a la vía de acceso a la autopista, después de lo cual cueste más hacer un giro equivocado o cambiar de rumbo,”

Había motivos para cierto optimismo con la ruta del “hambre cero”, porque el colectivo de las personas que pasan hambre se había reducido en más de 200 millones desde 1990. Pero da la impresión de que ha sido un avance frágil y el objetivo autoimpuesto se pierde en el horizonte. 



El gráfico muestra la distribución del PIB per capita de 2014. El color oscuro indica territorios con mayor nivel de renta que los de tono más claro.

Con un escenario de cambio climático y azote de guerras internas, las ONG piden a todos los países el cumplimiento del Acuerdo de París, porque proteger la naturaleza equivale a luchar contra el hambre. En cuanto a las guerras, mientras a algunos regímenes corruptos y crueles se les vendan armas, que pueden comprar con el petróleo que extraen, la situación de sus poblaciones no mejorará.

Desde la FAO se lanza el mensaje de “impulsar la agricultura local”, proponiendo a los países pobres que dejen de arrendar tierras a las empresas agrarias extranjeras, para producir los alimentos en pequeñas explotaciones rurales, en el mismo lugar que son consumidos. Se trata de superar la dramática paradoja de lo que está sucediendo en algunos países pobres, como es el caso de Etiopía, en el cual empresas de potencias extranjeras producen abundantes alimentos destinados a la exportación, en tanto que la población local pasa hambre.

Esta propuesta está en línea del denominado “desarrollo autocentrado”, que denuncia una relación desigual entre los países desarrollados y la periferia subdesarrollada. Antes fueron los países colonizadores y ahora las instituciones financieras internacionales las que están abriendo las puertas al capital internacional, pero sin la menor intención de modernizar el aparato productivo de los países.

Se aprovechan de los recursos naturales y del ahorro de los países periféricos pobres, cuando el objetivo prioritario debería ser construir un sistema productivo nacional basado en la renovación de la agricultura campesina y en la industrialización

El problema está en que las estrategias que permitirían avanzar hacia la soberanía económica de los países periféricos, tales como proteccionismo, control de los tipos de cambio y mayor intervención pública en la economía, suenan ahora como políticamente incorrectas en los escenarios oficiales de las naciones desarrolladas, los mismos países que recurrieron a similares medidas económicas para desarrollarse en algunos momentos del pasado no muy lejano














martes, 21 de noviembre de 2017

RIQUEZA FINANCIERA DE LAS FAMILIAS


La riqueza o patrimonio de las familias es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de los que son titulares. Si sumamos los bienes y activos financieros obtenemos las riqueza bruta y cuando deducimos las deudas en las que han incurrido queda la riqueza neta.

Para diferenciar con claridad riqueza y renta recordemos que la riqueza es el patrimonio acumulado en un momento dado, mientras que la renta la constituyen los ingresos que fluyen en un período de tiempo. La riqueza produce renta y la renta aumenta la riqueza.

Tras el patrimonio inmobiliario, el componente más importante de la riqueza de los hogares, se encuentra la riqueza financiera, formada por los diversos tipos de activos financieros. Según los datos publicados por el Banco de España, a finales del segundo trimestre de 2017, la riqueza financiera de las familias españolas estaba constituida por efectivo y depósitos (40%), seguido de participaciones en el capital (25%), seguros y fondos de pensiones (17%) y participaciones en fondos de inversión (14%). La tendencia que se observa es el descenso del efectivo y depósitos y el incremento de las participaciones en capital.

En el siguiente gráfico se recoge la evolución de la riqueza financiera de los hogares en la última década (en porcentaje sobre el PIB)



En el gráfico, los activos financieros (línea azul) menos las deudas o pasivos (línea oscura), determinan las riqueza financiera neta de las familias (columnas), que alcanzó en el segundo trimestre de 2017 1,2 billones de euros, un 120,6% del PIB, con tendencia alcista ligera.

Si se añade a la riqueza financiera neta el patrimonio inmobiliario, la riqueza total de las familias se acerca a 6 billones de euros, un 18% inferior al máximo de 2007, cuando los valores se encontraban inflados por la burbuja inmobiliaria.

El aumento neto de la riqueza financiera a partir de 2013, más que al incremento de los activos, se debe a la reducción de los pasivos (como se observa en el gráfico), a causa de la amortización de las deudas contraídas en años anteriores.

Pero la parte sustancial del incremento de la riqueza financiera obedece a la revalorización de la Bolsa, que es un incremento meramente aparente porque no se materializa en tanto que no se vendan las acciones. En cualquier caso, el colectivo de familias que poseen acciones es en España muy reducido, posiblemente no muy superior al 10%, con lo que la mejora en la riqueza habrá favorecido a una minoría de ciudadanos.
























martes, 14 de noviembre de 2017

DETERMINANTES DEL AHORRO


El sector productivo de un país necesita constantemente nuevos recursos ajenos para su funcionamiento, que espera conseguir en el mercado financiero, alimentado por lo ahorradores. Si las empresas no encuentran suficiente disponibilidad, tendrán que recurrir a créditos de otros países, lo cual implica flujos de divisas que pueden afectar a la estabilidad financiera.

Si la renta disponible de un país es baja, la capacidad de ahorro de las familias será escasa, y sin ahorro suficiente para financiar las inversiones, las posibilidades de un crecimiento sostenible son poco probables, y la consecuencia será que la población no mejore el nivel de ingresos.

Como señaló el economista J.M.Keynes, la parte de la renta disponible que se destina al consumo depende de la propensión al consumo de las familias y el resto queda como ahorro. El ahorro se relaciona con la renta disponible, aumentando cuando mayor es la renta. Como la propensión media al consumo es decreciente con la renta, aumenta su contrapartida, la propensión media al ahorro

Por lo tanto, un determinante fundamental del ahorro es la magnitud de los ingresos de las familias. Si los consumidores espera que sus ingresos futuros sean mayores, prevalecerá ahora el consumo, y el estimulo para el ahorro será reducido. En cambio, si piensan que van a disminuir, aumenta el incentivo actual para ahorrar.

Por otra parte, el aumento de la incertidumbre sobre el futuro alentará el ahorro y, en cambio, como la falta de previsión por la necesidades futuras suele llevar a gastar más en el momento actual, se reducirá el nivel de ahorro.

Con la expectativa de elevados aumentos de precios de los bienes en el futuro (inflación) se tiende a ahorrar menos que si se esperan unos precios estables o en descenso. Un elevado tipo de interés o la perspectiva de acumular cierto patrimonio incrementan la tendencia al ahorro.


Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las familias españolas ahorraron el 6,5% de la renta disponible en el segundo trimestre de 2017, en términos anuales, el nivel más bajo en los últimos nueve años.

Observamos en el gráfico que el ahorro de lo hogares alcanzó el 13% anual móvil en el 2010, año con descenso de ingresos y elevada incertidumbre, y cae al 6,5% en el 2017, cuando la renta disponible aumenta un 2,6% y se recupera el PIB.

El ahorro había llegado a su punto más bajo en 2008, pero cuando afloró la crisis financiera, se disparó el llamado “ahorro por precaución” por la incertidumbre, el miedo a perder el trabajo y la necesidad de reducir las deudas.

No resulta extraña la caída del ahorro si tenemos en cuenta los mínimos tipos de interés actuales de los depósitos bancarios. Además, perdiendo poder adquisitivo por la inflación (1,7% interanual), las familias dan preferencia al consumo inmediato.

Un país en el que el 86,6% de los que perciben rentas ingresan menos de 30.000 euros al año (según el sindicato de técnicos de Hacienda “GESTHA), y el 41% de la población llega justo a fin de mes (encuesta del CIS), se entiende fácilmente la debilidad del ahorro familiar.

La reducción del ahorro no parece especialmente amenazante en estos momentos, dado que, con el comportamiento del conjunto de los Sectores Institucionales (Hogares, Sociedades no Financieras, Administraciones Públicas e Instituciones Financieras), la Balanza de Pagos de España tiene actualmente saldo positivo por cuenta corriente y se están pagando las deudas con el exterior.




martes, 7 de noviembre de 2017

RIESGO DE POBREZA

Según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, presentado en octubre en el Congreso de los Diputados con motivo del “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”, en la Unión Europea eran 119 millones (23%) las personas que vivían en riesgo de pobreza en 2016, en tanto que en España ascendían a 12,9 millones (27,9%)

La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide la desigualdad. No indica pobreza absoluta, sino que señala el colectivo de personas que tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la población. Cuando se consideran únicamente los ingresos se denomina “pobreza monetaria”.

En el siguiente cuadro se recoge la evolución de los ingresos que constituyen el umbral de riesgo de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística español:



El riesgo de pobreza monetaria aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de las rentas. Al crecer los ingresos por persona también aumenta el umbral de riesgo de pobreza. En 2016, para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2015), el umbral se situó en 8.209 euros, un 2,5% más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años dicho umbral fue de 17.238 euros.

En una perspectiva más amplia, se está en riesgo de pobreza y/o exclusión social cuando se da uno de los tres factores que tiene en cuenta el indicador europeo AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión): reducidos ingresos, carencia material severa y/o baja intensidad en el empleo

Las personas que cumplen con el primero de estos factores, reducidos ingresos, son aquellas que viven en un hogar con una renta, después de transferencias sociales e impuestos, por debajo del 60% de la mediana de ingresos de la población. En 2016 equivalía a 684 euros al mes por unidad de consumo. El número de unidades de consumo se calcula concediendo un peso de 1 al primer adulto del hogar, un peso de 0,5 a los demás adultos y un peso de 0,3 a los menores de 14 años. Por ejemplo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos menores equivale a 2,1 unidades de consumo.

Se considera que sufren de carencia material severa las personas que carecen de recursos para afrontar algunos tipos de dispendios simultáneamente, tales como el pago del alquiler, la hipoteca, la calefacción, la compra de carne o pescado, adquisición de coche, lavadora o que no puede irse de vacaciones ni una semana al año.



La baja intensidad de empleo se refiere a cuantos han trabajado por debajo del 20% de su potencial de trabajo en el año anterior a la entrevista. Las personas que sufren los tres factores del indicador AROPE simultáneamente llegan a un millón en España, el 2,1% de la población.


El riesgo de pobreza varía con la edad de las personas, desde el entorno del 13% en los mayores de 65 años hasta el 38% en la franja de 16 a 29 años. Aunque los mayores de 65 años tienen la media de riesgo más baja, 4,7 millones de pensionistas perciben mensualidades por debajo del umbral de la pobreza (684 euros). A medida que se avanza en la edad, las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres.

Según el tipo de hogar, en el año 2015 el porcentaje más alto de riesgo de pobreza y/o exclusión social corresponde al hogar formado por 1 adulto con 1 o más hijos dependientes (50,1%), seguido de otros hogares con hijos dependientes (41,8%). Las personas que viven en hogares con niños tienen más riesgo de pobreza y exclusión social. El autor de un estudio sobre la pobreza lo expresa así: “Tener hijos es arriesgarse a ser pobres”

La Unión Europea tiene establecidos para el año 2020 diversos objetivos en materia de empleo, innovación, educación , integración social y clima/energía. En el apartado de integración social, el objetivo para España es que en el año 2020 desciendan en algo más de un 10% (1.400.000) las personas que estén en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social.




martes, 31 de octubre de 2017

PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO EN EL PIB



El presidente del Banco Central Europeo reconoce que la reforma laboral ha provocado en países como España, Portugal e Italia una devaluación de los salarios, y con los precios de los productos encareciéndose, está originando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

En el caso de España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial por trabajador descendió en el 0,1% en el segundo trimestre de este año respecto al mismo período de 2016, situándose en 1.942,01 euros de media mensual, como puede observarse en el siguiente cuadro, que desglosa el coste por grandes sectores económicos:


Con datos del primer trimestre de 2017, mientras en la Eurozona el salario por hora trabajada subió el 1,6% y en la Unión Europea un 2,1%, en España se mantuvo sin variación. El resultado es que España se convierte en el país europeo con mayor pérdida de poder adquisitivo.

En el siguiente gráfico tenemos la participación de los salarios en el PIB español a partir del año 2000:



Observamos una caída en la participación del trabajo a partir de la entrada en la crisis financiera, desde cerca del 51% en 2009 al 47,5% en el año pasado. Desde el 2013 se estabiliza por el aumento de empleo y el descenso del paro, debido este último en parte a la emigración y el incremento de personas desanimadas que no busca ya empleo.

La reforma laboral facilitó el despido barato y dejó a más de la mitad de los trabajadores sin cobertura de convenio, provocando el ascenso de la temporalidad al 26,8% y el trabajo parcial al 16,5%. Los salarios de quienes perdieron su trabajo durante la crisis y se incorporan ahora a nuevos puestos sufren un recorte respecto de aquellos que mantuvieron su empleo. La consecuencia es que el nivel de pobreza entre personas empleadas llegó al 14,1% en 2016.

Se estima que los salarios pactados pueden llegar a crecer en el conjunto del año entre el 1% y el 1,5%, incrementos inferiores al IPC, que en septiembre subió al 1,8% interanual y puede acabar el año en el 2%. Todo lo cual significa una caída en el salario real de los trabajadores también este año.

Los analistas atribuyen la situación de los salarios en España fundamentalmente al fracaso de la negociación colectiva, que impide alcanzar acuerdos a nivel de Estado para elevar las retribuciones, y a la baja calidad de los nuevos empleos, que reduce el salario por hora promedio del conjunto de los trabajadores.






martes, 24 de octubre de 2017

PODER MONOPÓLICO Y BÚSQUEDA DE RENTAS

La búsqueda de rentas se identifica habitualmente con la actitud de querer obtener ingresos con la manipulación en algunas actividades económicas, en lugar de crear nueva riqueza. Un ejemplo sería el tráfico de influencias para apropiarse de una parte de la riqueza que ya ha sido creada. El término en sí viene de la práctica antigua de apropiarse de una parte de la cosecha mediante el control de la tierra.

El gasto público de un país, más allá de las políticas sociales básicas del Estado de bienestar (pensiones, atención a la dependencia, sanidad y educación), no se reparte en función de la demanda y oferta, atendiendo a las necesidades y a la eficiencia, sino que en muchas ocasiones prima la capacidad de influencia de los grupos de presión, en busca de rentas en forma de aranceles, cuotas y otros privilegios, imponiendo sus demandas particulares en la agenda pública. Es el caso de los mandatarios de la Unión Europea y Estados Unidos, presionados por los poderes en la sombra (lobbies), para conceder ayudas a la agricultura y a política comercial. 

La búsqueda de rentas puede desembocar en privilegios, en una suerte de perversa relación, en la que ganan ciertos políticos –cuyo objetivo es la maximización de votos, que suponen puestos de poder y rentas– y los subvencionados o "protegidos".

En versión del análisis económico, se definen las rentas de este tipo como ingresos derivados exclusivamente de la propiedad y el control de activos o de una posición dominante en el mercado, y no de una actividad empresarial innovadora o del desarrollo productivo de un recurso escaso.

La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), en su informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2017, afirma que, en la era de la hiperglobalización, las finanzas tienden a generar enormes recompensas privadas, desproporcionadas con respecto a los beneficios sociales logrados. Las empresas han aprendido a utilizar estrategias de obtención de rentas para fomentar sus beneficios y se han convertido en un factor determinante de la creciente desigualdad.

Las rentas son captadas por grandes corporaciones mediante diversos mecanismos: el uso sistemático de los derechos de propiedad intelectual para librarse de sus rivales; la depredación del sector público, mediante privatizaciones en gran escala, pasando los recursos de los contribuyentes a los directivos y accionistas de las empresas; la concesión de subvenciones a grandes corporaciones, a menudo sin obtener resultados tangibles en forma de una mayor eficiencia económica, y mediante conductas casi fraudulentas, como la evasión y la elusión fiscales.

Un trabajo de investigación de Mordecai Kurz, profesor de la Universidad de Stanford, muestra los efectos económicos del poder monopólico, sobre todo en el sector de las Tecnologías de la Información, calculando los niveles normales por encima de los cuales los valores bursátiles reflejan el poder de mercado


Los ingresos creados por las empresas con poder monopólico que se cotizan en Bolsa en EE.UU (encabezados por Apple y Alphabet-Google) se dividen en tres clases: ingresos del trabajo, ingresos por el pago normal de intereses al capital y ganancias monopólicas. El gráfico muestra el componente monopólico de la riqueza como porcentaje del valor bursátil total entre 1985 y 2015. En los ochenta, la riqueza monopólica era inexistente. Con el desarrollo de la industria informática, aumentó drásticamente y, en diciembre de 2015, llegó a un 82% del valor bursátil total, lo que equivale a unos 23,8 billones de dólares.

Los datos indican, por tanto, que un poder de mercado cada vez mayor es una de las causas de la búsqueda de rentas. Se ha observado con creciente alarma la tendencia a la concentración, sobre todo en los mercados de los países desarrollados, de tal modo que, junto con la extracción de rentas, se han convertido en características del mundo empresarial.

En 2015, la capitalización bursátil media de las 100 mayores empresas era de 7.000 veces mayor que el promedio de las 2.000 empresas menores, mientras que en 1995 fue tan solo 31 veces mayor. La ampliación del poder de mercado contribuye enormemente a la creciente desigualdad de los ingresos.

El Informe de la UNCTAD concluye que, si se quiere alcanzar el objetivo de un crecimiento realmente inclusivo y sostenible, es necesario frenar el rentismo endémico y las desigualdades que genera. Un buen punto de partida sería reconocer que el conocimiento y la competencia son ante todo bienes públicos, y que su manipulación en interés privado debe regularse de manera efectiva.