martes, 18 de julio de 2017

EL ENTORNO EDUCATIVO

La igualdad de oportunidades es un sueño democrático según el cual todas las personas pueden acceder a resultados similares en función de sus méritos. Pero como sentencia el refrán de Calderón de la Barca: “los sueños, sueños son”.

El análisis del proceso educativo muestra claramente que el nivel socioeconómico de las familias condiciona los resultados académicos. Según el Informe PISA 2016, unas pruebas estandarizadas a nivel global que realizan los alumnos de 15 años, un 40% de los estudiantes de familias con reducidos ingresos obtuvo bajos rendimiento en Matemáticas, en tanto que descendió el fracaso al 8% en las familias acomodadas.

Con una perspectiva más amplia, se puede decir que la educación recibida está condicionada en su conjunto por el entorno más cercano que rodea al estudiante, compuesto por la familia, los profesores y los compañeros.

Centrándonos en los dos primeros pilares de la educación, el Informe citado señala que los padres inciden no solamente sobre el desarrollo de conocimientos, sino también sobre actitudes, tales como la perseverancia, la sociabilidad, la paciencia y la empatía, cuidando que sus hijos no caigan en conductas de riesgo. Esta tarea exige dedicar tiempo a los hijos y potenciar actividades con alto valor educativo, como contarles cuentos, conversar con ellos constantemente o implicarles en las tareas domésticas. Los estudios realizados muestran la influencia que tiene la presencia de los padres en los primeros años de vida de sus hijos, que es cuando se produce el desarrollo de algunas habilidades que más tarde serán difíciles de incorporar.

También los profesores tiene un rol importante en el desarrollo de los niños, especialmente en los casos de familias desestructuradas. De ahí la difícil tarea de seleccionar bien a los profesionales de la educación. Algunos sistemas educativos reconocidos, como los de Singapur y Corea del Sur, han conseguido que la profesión educativa tenga un alto prestigio social y reclutan el total del profesorado entre el tercio superior de los estudiantes. Una vez titulados se preocupan de que prosigan formándose a lo largo de su vida profesional para adaptarse a los cambios socioeconómicos y tecnológicos. No es, por desgracia, el caso de España, donde según la OCDE solamente el 50% de los maestros participan en cursos de formación y el 97% consideran que ya están suficientemente formados.


Observamos en el gráfico que, mientras en el conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 43,1% de la población adulta consigue alcanzar el nivel educativo de enseñanza media, en España sólo lo logra un 22,4%. Aunque en educación universitaria España supera el nivel promedio, la carencia de estudios medios completos en un 42,6% (sólo primaria y primera etapa de la secundaria) supone que un colectivo importante va a tener dificultades para adaptarse a puestos de trabajo de cierta cualificación.

La educación influye notablemente en el desarrollo económico de un país, dado que es un elemento básico del capital o potencial humano. La calidad de los trabajadores está determinada por los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Por tanto, un incremento del nivel educativo mejora la efectividad del trabajo, lo cual aumenta la productividad y se traduce en un ascenso del producto total de la economía.

En las sociedades con un elevado número de trabajadores con educación universitaria se generan más ideas y se promueve la innovación tecnológica, lo cual hace más productivos el capital físico y la fuerza laboral, con lo que tiende a aumentar el bienestar de la sociedad.

En cuanto a los países en desarrollo, la educación primaria y secundaria es relevante, porque les permite captar las tecnologías desarrolladas por los países avanzados, y así aumentar la productividad y la generación de producción que les permite avanzar en su desarrollo económico.





martes, 11 de julio de 2017

FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

La “economía solidaria”, que surge del tronco común de la economía social, es una corriente de pensamiento que busca alternativas a la economía convencional, apoyándose en la eficiencia del trabajo y en una creciente solidaridad en las organizaciones económicas. En muchos casos puede ser capaz de organizar a trabajadores informales para que generen ingresos, salgan de la precariedad y mejoren la calidad de sus vidas.


Este planteamiento económico defiende un tipo distinto de desarrollo, hecho a escala humana, integral y sostenible, con énfasis en lo local, orientado a la superación de la economía ortodoxa, tanto al nivel de las empresas como de los mercados y las políticas públicas.

Frente a la acumulación del capital, la economía solidaria sitúa a las personas y su trabajo en el centro del sistema económico, dando a los mercados un papel instrumental, siempre al servicio del bienestar de los seres humanos y de la reproducción de la vida. Supone una forma diferente de entender los procesos económicos en las sociedades contemporáneas y promueve una democratización real de las formas de producción, distribución y consumo.

En la economía solidaria convergen grupos populares y organizaciones de base, movimientos cooperativos, mutualistas y autogestionarios, organizaciones no gubernamentales, empresarios que pretenden unir eficiencia y solidaridad, así como cuantos quieran establecer en sus organizaciones modalidades armónicas de convivencia humana.

El profesor chileno Luis Razeto, que introdujo en los años ochenta el concepto de economía solidaria, señala la necesidad de fortalecer la identidad económica de esta alternativa, expresando de modo coherente su “racionalidad económica especial”, basada en la cooperación, la autogestión y la ayuda mutua, que sirva como criterio para guiar la toma de decisiones y la gestión en los mercados.



Uno de los habituales problemas de la economía social, en general, ha sido la dificultad de conseguir financiación. La banca ha visto siempre a las cooperativas y a otras entidades sociales como figuras raras en el panorama económico. Acceder al crédito, una necesidad básica para cualquier empresa, ha resultado bastante más difícil para este tipo de entidades que para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y no digamos en comparación con las grandes empresas.

Al haber demostrado mayor resistencia en el período de crisis reciente, incluso con ejemplos de crecimiento sostenido, el acceso al crédito ha mejorado, pero sobre todo de fuentes distintas a la banca convencional. Han sido entidades surgidas de la misma economía social, como Fiare Banca Etica, Coop57 y la red de cooperativas de crédito las que han ofrecido nuevos productos, entre los cuales se encuentran los préstamos participativos y los avales mancomunados personales.

Las IV Jornadas Internacionales de Finanzas Cooperativas (Financoop), evento celebrado recientemente en Barcelona, ha servido para poner en contacto proyectos de economía social con financiadores. Se plantearon iniciativas como la construcción de un parque eólico, una nueva sede para escuela cooperativa, viviendas para cesión en uso, centro clínico y naves para actividades industriales, entre otros.

La búsqueda de financiación supone la presentación y negociación de los proyectos empresariales a inversores, pero manteniendo siempre el objetivo de defender la viabilidad de los proyectos con un impacto social positivo, apoyado en valores cooperativos, tales como democracia interna, equidad y transparencia.

Tratando de atraer recursos financieros más estables que el crédito, las cooperativas y otras entidades de economía social han utilizado formulas como lo préstamos participativos y las aportaciones de los socios colaboradores, que pueden contar con derecho de voto en la Asamblea, pero nunca mayoritario. Estas fórmulas de financiación tratan de asegurar a las empresas sociales el capital necesario, pero sin perder el control por parte de los socios de base.

Una interesante innovación de Coop57, cooperativa de servicios financieros surgida de la economía solidaria, ha sido los avales mancomunados personales, que permiten trocear los riesgos que suponen los crédito entre la base social de la entidad, de tal forma que cada uno avala una parte en función de sus posibilidades. Es una innovadora forma de afrontar el problema de los avales, que da confianza a la entidad prestamista. Las posibilidades de acabar perdiendo el dinero prestado son mínimas ante la implicación de toda la base social.




martes, 4 de julio de 2017

LIMITACIONES DE LA MEDIDA DEL CRECIMIENTO


El Producto Interior Bruto (PIB) es el indicador más utilizado para analizar la situación económica de un país, porque se calcula tomando como base los bienes y servicios con los que cuenta una sociedad e influye en otros indicadores, tales como el nivel de empleo y la evolución de los presupuestos públicos. Incluso da pie a que se saquen conclusiones, interpretando a veces que el acceso a más bienes y servicios significa un aumento de la calidad de vida.

Pero el PIB tiene importantes limitaciones para reflejar con nitidez el bienestar de una sociedad. Una limitación importante es que recoge únicamente las actividades económicas que pasan por el mercado de forma oficial, dejando fuera a la economía sumergida (dinero en “negro”), el valor del trabajo doméstico no remunerado (tareas del hogar, cuidado de niños y de personas mayores) y el trabajo de los voluntarios en asociaciones, ONGs y otras instituciones.

Otro aspecto limitador es que se obtiene de una complicada elaboración estadística, sujeta a errores y omisiones. Y cuando el PIB se calcula por habitante, el valor medio que se ofrece no suele reflejar la verdadera situación socioeconómica, debido a que no tiene en cuenta la desigualdad que se da en el país.

Suele argumentarse a veces que el aumento del PIB beneficia a toda la sociedad, en base al conocido “efecto goteo”, según el cual primero es necesario un crecimiento económico y después sus efectos llegan, como a través de un goteo, al conjunto de la población. Pero lo cierto es que entre crecimiento y distribución no existe una relación secuencial, sino que se da más bien una simultaneidad.

Algunos opinan que, con un crecimiento de distribución desigual, la minoría más beneficiada puede compensar al resto de la población, pero resulta un razonamiento poco realista, porque es muy dudoso que se llegue a este tipo de compensación cuando la política económica está orientada únicamente a aumentar la tasa de crecimiento. Más bien sucede que se opta por reducir la carga impositiva, con lo que la redistribución puede resultar insignificante.


El gráfico representa el caso de España, que creciendo a una tasa en torno al 3% del PIB en los recientes años, apenas reduce la alta desigualdad que señala el indice de GINI (0 a 100, menor a mayor desigualdad) de 32,9 en 2009 y 34,5 en 2016, frente a Alemania (29,2), Francia (29,4) y la media de los países de la OCDE (31,8). Con un sistema fiscal y de transferencias sociales endeble, un país puede avanzar por la vía del crecimiento, pero con escasa redistribución de las rentas generadas.

Hay que tener en cuenta que la misma trayectoria del crecimiento económico influye en el nivel de la desigualdad existente en una sociedad. Un país que busca mayor igualdad en la distribución de la renta suele impulsar, bien produciendo o bien financiando, servicios sanitarios, educativos o asistenciales, fortaleciendo la protección social. Por tanto, se puede afirmar que las trayectorias de crecimiento y de distribución van unidas en el proceso de crecimiento económico y que el PIB únicamente refleja el crecimiento.





martes, 27 de junio de 2017

DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS


El Producto Interior Bruto (PIB) español llegó en el primer trimestre de 2017 a un valor interanual de 1,125 billones de euros, con un crecimiento del 3%, superando ligeramente el nivel alcanzado antes de la crisis.


Como observamos en el gráfico, el indicador tuvo una evolución más negativa en el período de crisis (2008-2013) que la media europea. Tras cinco años de recesión, cayó un 10% y ha sido a partir del 2014 cuando el país tiene un crecimiento económico superior a la media de los países asociados.

Sin embargo, pese al crecimiento y a la creación de empleo, los salarios se estancaron en el trimestre pasado y han perdido un 2,5% del PIB desde el 2012, situándose en 30.000 millones de euros por debajo del comienzo de la crisis. La explicación puede ser que, con una tasa de paro aún muy elevada, la amplia oferta de trabajo reduce la posibilidad de que mejoren los salarios. Han sido las pensiones las que han hecho que las rentas de las familias vuelvan al nivel del año 2008.


Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los resultados de la última Encuesta de Condiciones de Vida, realizada en la primavera de 2016, que ofrecen información sobre los ingresos medios de los hogares durante el año 2015, el ingreso medio anual neto por hogar se situó en 26.730 euros y el ingreso por persona alcanzó los 10.708 euros.

La distribución de la población según las rentas nos indica que el desempleo elevado y la precariedad laboral están influyendo en la estructura de los ingresos. Podemos apreciarlo en el reparto de los ingresos por grupos de edad.



Para calcular los quintiles de los ingresos se ordenan todas las personas según la cuantía de los ingresos por unidad de consumo y se dividen después en cinco grupos iguales, es decir, con el 20% de las personas en cada grupo. El primer quintil corresponde al 20% con menores ingresos; el segundo, al 20% siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al quinto quintil correspondiente al 20% de las personas con mayores ingresos por unidad de consumo.

El concepto de “unidad de consumo”, según la metodología del INE, se refiere a una persona viviendo sola. Si el hogar esta formado por dos adultos constituye 1,5 unidades de consumo y por cada hijo 0,3 unidades más.

En la distribución de los ingresos del cuadro vemos que, en la primera columna (rentas menores al 20%) están situados en torno al 26% de los componentes de los grupos de edad de menos de 16 años y de 16 a 29 años, mientras que los de 30 a 44 y 45 a 64 bajan al 19%. En cambio, sólo están en este nivel reducido de ingresos un 10,5% de los mayores de 65 años

En la columna de las renta medias (quintil 40-60%), el grupo de mayores es el predominante, con el 25,3%, en tanto que los colectivos de las restantes edades oscilan entre el 18% y 20% de los componentes de cada grupo. Y en el quintil más elevado (80-100%) ocupan la mejor posición los de 45 a 64 años (24,2%), seguido de los de 30 a 45 años (20,5%). En el grupo de 16 a 29 años el porcentaje es del 16% y alcanza el 17% en los menores de 16 años y en los mayores de 65 años.

Los ingresos medios de los mayores de 65 años han aumentado últimamente, pero este incremento es más bien aparente y se conoce como “efecto composición”. Se debe a que los jubilados que fallecen percibían una media en torno a los 889 euros al mes, mientras que los nuevos pensionistas cobran 1.297 euros. Esta variando la composición del colectivo.

Durante la crisis 2009-2013 han sido muchas las familias que sólo han tenido a una pensión de jubilación como fuente de ingreso y, según datos de la Agencia Tributaria, en estos momentos, un 25% de los ingresos que entran en los hogares españoles proceden de las pensiones. Significa que va aumentando la dependencia familiar del sistema público de protección social.

martes, 20 de junio de 2017

LA FINANCIACIÓN EN EL EUROSISTEMA


Tras la formación del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), que concentró a todos los bancos nacionales de la Unión Europea, tuviesen o no al euro como moneda, la Unión Monetaria supuso la unificación de la política monetaria en el Banco Central Europeo (BCE)

El SEBC es un elemento más bien formal y la autoridad monetaria efectiva se concentra en el Eurosistema, que engloba a los 19 bancos centrales de los países del euro, con el núcleo en el BCE, que tiene capacidad de decisión y amplio poder ejecutivo. Se puede decir que, en el funcionamiento práctico, el BCE (banco de bancos centrales) es lo mismo que el Eurosistema, nombre de su superestructura.

El SEBC y el Eurosistema seguirán coexistiendo mientras haya Estados miembros de la Unión Europea que no pertenezcan a la Eurozona, el área de la Unión Económica y Monetaria (UEM) que comparte un mismo mercado y una misma moneda, en la que se ejecuta la política monetaria única.

Por lo tanto, es el Eurosistema (BCE) el que se ocupa de la definición y ejecución de la política monetaria única y realiza las operaciones de cambio de divisas gestionando las reservas oficiales en moneda extranjera de los países de la Eurozona, emite los billetes de banco y cuida del funcionamiento del sistema de pagos.

En el Eurosistema, la política monetaria la decide única y exclusivamente el Consejo de Gobierno del BCE, en tanto que los bancos centrales de los países miembros ejecutan sus directrices, encargándose de suministrar o retirar liquidez del sistema.

El objetivo prioritario es la estabilidad de precios, que viene definida como una inflación en la Eurozona menor, pero cercana al 2% anual. La institución también se preocupa por la estabilidad y la integración financiera en Europa, siempre que no entre en contradicción con la estabilidad de precios.

Además de ejecutar la política monetaria habitual, en marzo de 2015 el BCE inició un programa especial de flexibilización cuantitativa consistente en la compra de activos por un importe de 80.000 millones de euros mensuales, que en abril de este año se ha reducido hasta 60.000 millones y que se va a prolongar hasta finales del 2017. No cabe duda de que las compras de deuda pública a España dentro del programa de expansión monetaria, junto al descenso de los tipos de interés, han contribuido a la bonanza económica del país.

Podemos observar la evolución de la financiación en la Eurozona a través del mecanismo denominado “Target2”, por el cual lo bancos privados de la Unión Monetaria cancelan las deudas con bancos privados de otros países.



Observamos en el gráfico los superavits (acreedores del Eurosistema) de Alemania, Finlandia y Holanda, y los déficits (deudores) de Italia, España Portugal, Irlanda y Grecia, con los flujos casi equidistantes respecto del equilibrio, por la política monetaria del BCE.

Las cuentas de Target2 son básicamente líneas de financiación del BCE con los distintos bancos centrales nacionales. Permiten cubrir la necesidad de liquidez de naciones con abultados déficits por cuenta corriente, o con salidas de capital extranjero del país.

Entre 2000 y 2008, hasta el comienzo de la crisis, los países con déficit de balanza de pagos se financiaban con entradas de capital privado, en su mayor parte créditos bancarios, con los que se fueron incrementando los porcentajes de deuda sobre el PIB de los países periféricos.

Desde el año 2008 fueron reduciéndose las entradas de recursos privados. Los extranjeros empezaron a reducir su inversiones en los países periféricos y en el 2010 los flujos llegaron a invertirse, con importantes salidas netas de capitales. Los extranjeros se estaban llevando su dinero a casa.

Vemos en el gráfico que Italia y España comenzaron a endeudarse aceleradamente con el BCE en 2009, a falta de otras fuentes de capitales. En marzo de 2017 habían acumulado un saldo deudor conjunto de 794.400 millones de euros, en tanto que Alemania, Finlandia y Holanda eran acreedoras por un total de 996.900 millones de euros. En consecuencia, los países acreedores se convierten prácticamente, a través del BCE, en financiadores (rescatadores de hecho) de los países que carecen de capacidad propia para liquidar las deudas.










martes, 13 de junio de 2017

REGULACIÓN BANCARIA


Los medios de comunicación resaltan en titulares que el Banco de Santander ha comprado el Banco Popular por un euro, tras determinarse su inviabilidad debido seguramente a la entrada tardía en el negocio de la construcción y al alto porcentaje de créditos fallidos. Ello supone el final del culebrón en torno al banco que llegó a ser considerado en un tiempo como el más rentable de Europa, ahora en quiebra. La resolución implica que los 305.000 accionistas (incluido el 75% de la plantilla) y los titulares de convertibles y deuda subordinada, por valor de 2.000 millones, pierden todo su dinero (bail-in o rescate interno).

La situación del Popular era crítica. Desde el Banco Central Europeo (BCE) se concluyó que estaba en riesgo de caída por el “deterioro significativo” de su liquidez en los últimos días, a raíz de una fuga de depósitos continuada y una falta de claridad en sus planes de futuro. Se le realizaron pruebas de estrés y arrojaba pérdidas de hasta 8.200 millones en el peor escenario. Al final, la cuantiosa fuga de depósitos y la negativa del supervisor a facilitar los fondos que se necesitaban para abrir las oficinas han ocasionado que en una noche una entidad con cerca de 12.000 empleados y 1.739 oficinas haya pasado a manos de un competidor.

Tras la intervención de la entidad, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha gestionado su venta al Santander, bajo la autorización del Mecanismo Único de Resolución, la agencia europea dependiente del BCE, que al comienzo de 2016 se convirtió en la máxima autoridad para la drástica reestructuración de entidades financieras en dificultades.

En el siguiente gráfico tenemos los porcentajes de créditos dudosos de las entidades financieras sobre el total de préstamos, a diciembre de 2016, en varios países europeos



En el Banco Popular, el volumen de créditos irrecuperables, consecuencia de la crisis inmobiliaria, parece que era mayor del esperado, lo que provocó la desconfianza de los accionistas y de los depositantes de fondos.

Esta quiebra bancaria, cuando ha pasado una década desde que se desencadenó la crisis de las hipotecas basura, da la impresión de que sigue sin aplicarse la regulación exigente que se anunció para evitar descalabros.

A nivel mundial, ya en 1974, los bancos centrales de once países industrializados formaron el Comité de Basilea, con la misión de conseguir una mejor coordinación en la vigilancia sobre el sistema bancario internacional. El Banco de Pagos Internacionales tiene su sede en la ciudad suiza citada y ejerce de banco central de los bancos centrales nacionales.

Tras la crisis de 2007, se produjo un gran debate en torno a la reforma de los sistemas financieros. El Comité de Basilea propuso un conjunto de normas sobre el capital y unas garantías más estrictas para los bancos internacionales pero, una vez más, se ha evidenciado que resulta difícil diseñar medidas normativas que no puedan ser burladas por los innovadores financieros.

Las nuevas medidas obligan a los bancos a financiarse con más capital y han avanzado en el control de los productos financieros de alto riesgo, pero no se ha llegado a concluir la regulación por las diferencias de criterio entre EE.UU y Europa en la financiación inmobiliaria.

La Camara de Representantes norteamericana adoptó el pasado jueves una iniciativa legislativa de los republicanos que contempla recortes en el paquete reglamentario aprobado tras la crisis financiera. Entre otros cambios, se propone eliminar las pruebas de resistencia a las que la Reserva Federal somete cada año a los grandes bancos para determinar si tienen los colchones de liquidez necesarios para soportar situaciones de estrés.

Contempla también cerrar la oficina de protección al consumidor, que se creó para prevenir los abusos financieros de las hipotecas tóxicas, el tipo de producto que hizo quebrar a grandes entidades como Lehman Brothers.

Aunque estas políticas republicanas puede que no cuenten con el apoyo suficiente para que salgan adelante en la redacción actual, no cabe duda que suponen un refrendo político para la promesa de desregulación del presidente Donald Trump.

El riesgo para los depositantes viene de que los bancos utilizan también fondos de sus clientes para conceder préstamos y comprar otros activos. Cuando algunos clientes no pueden devolver sus préstamos o los activos pierden valor, como es el caso del Banco Popular, las entidades son incapaces de cumplir con sus obligaciones, incluyendo la devolución de los depósitos.

Algunos analistas apuntan que vendría bien una reformulación de los test de estrés que se realizan a las entidades financieras o la utilización de otro método que genere más confianza para conocer a fondo la situación de cada entidad.









martes, 6 de junio de 2017

PRODUCTIVIDAD Y NIVEL DE VIDA

El historiador británico Angus Maddison señalaba que en 1820 Mexico tenía un PIB por habitante mayor que Japón. Sin embargo, algunas décadas más tarde, Mexico se encontraba muy por debajo del país asiático, que había crecido a una tasa anual del 1,9%, en tanto que Mexico no lograba superar el 1,2% anual. La diferencia entre las dos tasas no parece importante, pero a largo plazo tiene notables consecuencias en el nivel de vida de los países.

Hay tres razones básicas por las que el trabajador puede aumentar la producción : disponer de más capital físico (maquinaria y equipamientos), contar con mayor nivel de preparación para realizar la tarea (potencial o capital humano) y aprovechar las ventajas que ofrece el progreso tecnológico.

El nivel de producción varía de unos países a otros no sólo porque acumulan cantidades diferentes de factores productivos, sino también por la eficiencia con que se utilizan y combinan para producir valiéndose del progreso en organización y tecnología, es decir, la productividad, llamada también “productividad total de los factores” (PTF).

En términos de crecimiento, la ecuación sería:

Tasa de crecimiento de la producción = tasa de crecimiento de la productividad + tasa de crecimiento de los factores productivos

Como la producción y los factores son mensurables, reordenamos la ecuación para hallar la productividad debida al progreso tecnológico:

Tasa de crecimiento de la productividad = tasa de crecimiento de la producción – tasa de crecimiento de los factores productivos

Significa que se puede medir la tasa de crecimiento de la productividad, como residuo, a partir de datos conocidos, restando a la tasa de crecimiento de la producción por trabajador las tasas de crecimiento del capital físico y del potencial humano. Es la llamada contabilidad del crecimiento.

Según estudios norteamericanos, en un período amplio, 1948-2008, se estima que la productividad del trabajo per capita creció a una tasa del 2,6% por año. El 46% fue debido al incremento del capital físico y el potencial humano por trabajador, y el restante 54% obedeció al aumento de la productividad (PTF), es decir, al progreso tecnológico.

En el caso de España, en el período 1993-2008, la PTF cayó un -0,6% anual, cuando en la Eurozona aumentó el 0,3%. Las causas podemos centrarlas en la especialización española en servicios intensivos en mano de obra (turismo y comercio), la burbuja de la construcción y la insuficiencia de la inversión en I+D+i.

Durante la reciente crisis, la productividad aparente del trabajo aumentó un 12% en España, frente al 3,6% en Alemania, pero destruyendo mucho empleo en actividades poco productivas. El aumento resulta engañoso porque no supone mejora alguna en los sistemas de producción. La auténtica productividad, la PTF, muy inferior en España respecto a la Eurozona, es la que sitúa el nivel actual de PIB por habitante en España en 24.000 euros, cuando en la Eurozona alcanza lo 31.600 euros.

Por tanto, no cabe duda que las diferencias en las tasas de crecimiento económico, que repercuten en los niveles de vida de los países, se deben fundamentalmente a los desiguales incrementos de productividad. Como escribió Krugman “La productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar sus condiciones de vida depende casi enteramente de su habilidad para elevar la producción por trabajador”