martes, 21 de noviembre de 2017

RIQUEZA FINANCIERA DE LAS FAMILIAS


La riqueza o patrimonio de las familias es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de los que son titulares. Si sumamos los bienes y activos financieros obtenemos las riqueza bruta y cuando deducimos las deudas en las que han incurrido queda la riqueza neta.

Para diferenciar con claridad riqueza y renta recordemos que la riqueza es el patrimonio acumulado en un momento dado, mientras que la renta la constituyen los ingresos que fluyen en un período de tiempo. La riqueza produce renta y la renta aumenta la riqueza.

Tras el patrimonio inmobiliario, el componente más importante de la riqueza de los hogares, se encuentra la riqueza financiera, formada por los diversos tipos de activos financieros. Según los datos publicados por el Banco de España, a finales del segundo trimestre de 2017, la riqueza financiera de las familias españolas estaba constituida por efectivo y depósitos (40%), seguido de participaciones en el capital (25%), seguros y fondos de pensiones (17%) y participaciones en fondos de inversión (14%). La tendencia que se observa es el descenso del efectivo y depósitos y el incremento de las participaciones en capital.

En el siguiente gráfico se recoge la evolución de la riqueza financiera de los hogares en la última década (en porcentaje sobre el PIB)



En el gráfico, los activos financieros (línea azul) menos las deudas o pasivos (línea oscura), determinan las riqueza financiera neta de las familias (columnas), que alcanzó en el segundo trimestre de 2017 1,2 billones de euros, un 120,6% del PIB, con tendencia alcista ligera.

Si se añade a la riqueza financiera neta el patrimonio inmobiliario, la riqueza total de las familias se acerca a 6 billones de euros, un 18% inferior al máximo de 2007, cuando los valores se encontraban inflados por la burbuja inmobiliaria.

El aumento neto de la riqueza financiera a partir de 2013, más que al incremento de los activos, se debe a la reducción de los pasivos (como se observa en el gráfico), a causa de la amortización de las deudas contraídas en años anteriores.

Pero la parte sustancial del incremento de la riqueza financiera obedece a la revalorización de la Bolsa, que es un incremento meramente aparente porque no se materializa en tanto que no se vendan las acciones. En cualquier caso, el colectivo de familias que poseen acciones es en España muy reducido, posiblemente no muy superior al 10%, con lo que la mejora en la riqueza habrá favorecido a una minoría de ciudadanos.
























martes, 14 de noviembre de 2017

DETERMINANTES DEL AHORRO


El sector productivo de un país necesita constantemente nuevos recursos ajenos para su funcionamiento, que espera conseguir en el mercado financiero, alimentado por lo ahorradores. Si las empresas no encuentran suficiente disponibilidad, tendrán que recurrir a créditos de otros países, lo cual implica flujos de divisas que pueden afectar a la estabilidad financiera.

Si la renta disponible de un país es baja, la capacidad de ahorro de las familias será escasa, y sin ahorro suficiente para financiar las inversiones, las posibilidades de un crecimiento sostenible son poco probables, y la consecuencia será que la población no mejore el nivel de ingresos.

Como señaló el economista J.M.Keynes, la parte de la renta disponible que se destina al consumo depende de la propensión al consumo de las familias y el resto queda como ahorro. El ahorro se relaciona con la renta disponible, aumentando cuando mayor es la renta. Como la propensión media al consumo es decreciente con la renta, aumenta su contrapartida, la propensión media al ahorro

Por lo tanto, un determinante fundamental del ahorro es la magnitud de los ingresos de las familias. Si los consumidores espera que sus ingresos futuros sean mayores, prevalecerá ahora el consumo, y el estimulo para el ahorro será reducido. En cambio, si piensan que van a disminuir, aumenta el incentivo actual para ahorrar.

Por otra parte, el aumento de la incertidumbre sobre el futuro alentará el ahorro y, en cambio, como la falta de previsión por la necesidades futuras suele llevar a gastar más en el momento actual, se reducirá el nivel de ahorro.

Con la expectativa de elevados aumentos de precios de los bienes en el futuro (inflación) se tiende a ahorrar menos que si se esperan unos precios estables o en descenso. Un elevado tipo de interés o la perspectiva de acumular cierto patrimonio incrementan la tendencia al ahorro.


Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las familias españolas ahorraron el 6,5% de la renta disponible en el segundo trimestre de 2017, en términos anuales, el nivel más bajo en los últimos nueve años.

Observamos en el gráfico que el ahorro de lo hogares alcanzó el 13% anual móvil en el 2010, año con descenso de ingresos y elevada incertidumbre, y cae al 6,5% en el 2017, cuando la renta disponible aumenta un 2,6% y se recupera el PIB.

El ahorro había llegado a su punto más bajo en 2008, pero cuando afloró la crisis financiera, se disparó el llamado “ahorro por precaución” por la incertidumbre, el miedo a perder el trabajo y la necesidad de reducir las deudas.

No resulta extraña la caída del ahorro si tenemos en cuenta los mínimos tipos de interés actuales de los depósitos bancarios. Además, perdiendo poder adquisitivo por la inflación (1,7% interanual), las familias dan preferencia al consumo inmediato.

Un país en el que el 86,6% de los que perciben rentas ingresan menos de 30.000 euros al año (según el sindicato de técnicos de Hacienda “GESTHA), y el 41% de la población llega justo a fin de mes (encuesta del CIS), se entiende fácilmente la debilidad del ahorro familiar.

La reducción del ahorro no parece especialmente amenazante en estos momentos, dado que, con el comportamiento del conjunto de los Sectores Institucionales (Hogares, Sociedades no Financieras, Administraciones Públicas e Instituciones Financieras), la Balanza de Pagos de España tiene actualmente saldo positivo por cuenta corriente y se están pagando las deudas con el exterior.




martes, 7 de noviembre de 2017

RIESGO DE POBREZA

Según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, presentado en octubre en el Congreso de los Diputados con motivo del “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza”, en la Unión Europea eran 119 millones (23%) las personas que vivían en riesgo de pobreza en 2016, en tanto que en España ascendían a 12,9 millones (27,9%)

La población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide la desigualdad. No indica pobreza absoluta, sino que señala el colectivo de personas que tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la población. Cuando se consideran únicamente los ingresos se denomina “pobreza monetaria”.

En el siguiente cuadro se recoge la evolución de los ingresos que constituyen el umbral de riesgo de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística español:



El riesgo de pobreza monetaria aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de las rentas. Al crecer los ingresos por persona también aumenta el umbral de riesgo de pobreza. En 2016, para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2015), el umbral se situó en 8.209 euros, un 2,5% más que el estimado en el año anterior. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años dicho umbral fue de 17.238 euros.

En una perspectiva más amplia, se está en riesgo de pobreza y/o exclusión social cuando se da uno de los tres factores que tiene en cuenta el indicador europeo AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión): reducidos ingresos, carencia material severa y/o baja intensidad en el empleo

Las personas que cumplen con el primero de estos factores, reducidos ingresos, son aquellas que viven en un hogar con una renta, después de transferencias sociales e impuestos, por debajo del 60% de la mediana de ingresos de la población. En 2016 equivalía a 684 euros al mes por unidad de consumo. El número de unidades de consumo se calcula concediendo un peso de 1 al primer adulto del hogar, un peso de 0,5 a los demás adultos y un peso de 0,3 a los menores de 14 años. Por ejemplo, una familia compuesta por dos adultos y dos hijos menores equivale a 2,1 unidades de consumo.

Se considera que sufren de carencia material severa las personas que carecen de recursos para afrontar algunos tipos de dispendios simultáneamente, tales como el pago del alquiler, la hipoteca, la calefacción, la compra de carne o pescado, adquisición de coche, lavadora o que no puede irse de vacaciones ni una semana al año.



La baja intensidad de empleo se refiere a cuantos han trabajado por debajo del 20% de su potencial de trabajo en el año anterior a la entrevista. Las personas que sufren los tres factores del indicador AROPE simultáneamente llegan a un millón en España, el 2,1% de la población.


El riesgo de pobreza varía con la edad de las personas, desde el entorno del 13% en los mayores de 65 años hasta el 38% en la franja de 16 a 29 años. Aunque los mayores de 65 años tienen la media de riesgo más baja, 4,7 millones de pensionistas perciben mensualidades por debajo del umbral de la pobreza (684 euros). A medida que se avanza en la edad, las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres.

Según el tipo de hogar, en el año 2015 el porcentaje más alto de riesgo de pobreza y/o exclusión social corresponde al hogar formado por 1 adulto con 1 o más hijos dependientes (50,1%), seguido de otros hogares con hijos dependientes (41,8%). Las personas que viven en hogares con niños tienen más riesgo de pobreza y exclusión social. El autor de un estudio sobre la pobreza lo expresa así: “Tener hijos es arriesgarse a ser pobres”

La Unión Europea tiene establecidos para el año 2020 diversos objetivos en materia de empleo, innovación, educación , integración social y clima/energía. En el apartado de integración social, el objetivo para España es que en el año 2020 desciendan en algo más de un 10% (1.400.000) las personas que estén en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social.




martes, 31 de octubre de 2017

PARTICIPACIÓN DEL TRABAJO EN EL PIB



El presidente del Banco Central Europeo reconoce que la reforma laboral ha provocado en países como España, Portugal e Italia una devaluación de los salarios, y con los precios de los productos encareciéndose, está originando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

En el caso de España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste salarial por trabajador descendió en el 0,1% en el segundo trimestre de este año respecto al mismo período de 2016, situándose en 1.942,01 euros de media mensual, como puede observarse en el siguiente cuadro, que desglosa el coste por grandes sectores económicos:


Con datos del primer trimestre de 2017, mientras en la Eurozona el salario por hora trabajada subió el 1,6% y en la Unión Europea un 2,1%, en España se mantuvo sin variación. El resultado es que España se convierte en el país europeo con mayor pérdida de poder adquisitivo.

En el siguiente gráfico tenemos la participación de los salarios en el PIB español a partir del año 2000:



Observamos una caída en la participación del trabajo a partir de la entrada en la crisis financiera, desde cerca del 51% en 2009 al 47,5% en el año pasado. Desde el 2013 se estabiliza por el aumento de empleo y el descenso del paro, debido este último en parte a la emigración y el incremento de personas desanimadas que no busca ya empleo.

La reforma laboral facilitó el despido barato y dejó a más de la mitad de los trabajadores sin cobertura de convenio, provocando el ascenso de la temporalidad al 26,8% y el trabajo parcial al 16,5%. Los salarios de quienes perdieron su trabajo durante la crisis y se incorporan ahora a nuevos puestos sufren un recorte respecto de aquellos que mantuvieron su empleo. La consecuencia es que el nivel de pobreza entre personas empleadas llegó al 14,1% en 2016.

Se estima que los salarios pactados pueden llegar a crecer en el conjunto del año entre el 1% y el 1,5%, incrementos inferiores al IPC, que en septiembre subió al 1,8% interanual y puede acabar el año en el 2%. Todo lo cual significa una caída en el salario real de los trabajadores también este año.

Los analistas atribuyen la situación de los salarios en España fundamentalmente al fracaso de la negociación colectiva, que impide alcanzar acuerdos a nivel de Estado para elevar las retribuciones, y a la baja calidad de los nuevos empleos, que reduce el salario por hora promedio del conjunto de los trabajadores.






martes, 24 de octubre de 2017

PODER MONOPÓLICO Y BÚSQUEDA DE RENTAS

La búsqueda de rentas se identifica habitualmente con la actitud de querer obtener ingresos con la manipulación en algunas actividades económicas, en lugar de crear nueva riqueza. Un ejemplo sería el tráfico de influencias para apropiarse de una parte de la riqueza que ya ha sido creada. El término en sí viene de la práctica antigua de apropiarse de una parte de la cosecha mediante el control de la tierra.

El gasto público de un país, más allá de las políticas sociales básicas del Estado de bienestar (pensiones, atención a la dependencia, sanidad y educación), no se reparte en función de la demanda y oferta, atendiendo a las necesidades y a la eficiencia, sino que en muchas ocasiones prima la capacidad de influencia de los grupos de presión, en busca de rentas en forma de aranceles, cuotas y otros privilegios, imponiendo sus demandas particulares en la agenda pública. Es el caso de los mandatarios de la Unión Europea y Estados Unidos, presionados por los poderes en la sombra (lobbies), para conceder ayudas a la agricultura y a política comercial. 

La búsqueda de rentas puede desembocar en privilegios, en una suerte de perversa relación, en la que ganan ciertos políticos –cuyo objetivo es la maximización de votos, que suponen puestos de poder y rentas– y los subvencionados o "protegidos".

En versión del análisis económico, se definen las rentas de este tipo como ingresos derivados exclusivamente de la propiedad y el control de activos o de una posición dominante en el mercado, y no de una actividad empresarial innovadora o del desarrollo productivo de un recurso escaso.

La UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), en su informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2017, afirma que, en la era de la hiperglobalización, las finanzas tienden a generar enormes recompensas privadas, desproporcionadas con respecto a los beneficios sociales logrados. Las empresas han aprendido a utilizar estrategias de obtención de rentas para fomentar sus beneficios y se han convertido en un factor determinante de la creciente desigualdad.

Las rentas son captadas por grandes corporaciones mediante diversos mecanismos: el uso sistemático de los derechos de propiedad intelectual para librarse de sus rivales; la depredación del sector público, mediante privatizaciones en gran escala, pasando los recursos de los contribuyentes a los directivos y accionistas de las empresas; la concesión de subvenciones a grandes corporaciones, a menudo sin obtener resultados tangibles en forma de una mayor eficiencia económica, y mediante conductas casi fraudulentas, como la evasión y la elusión fiscales.

Un trabajo de investigación de Mordecai Kurz, profesor de la Universidad de Stanford, muestra los efectos económicos del poder monopólico, sobre todo en el sector de las Tecnologías de la Información, calculando los niveles normales por encima de los cuales los valores bursátiles reflejan el poder de mercado


Los ingresos creados por las empresas con poder monopólico que se cotizan en Bolsa en EE.UU (encabezados por Apple y Alphabet-Google) se dividen en tres clases: ingresos del trabajo, ingresos por el pago normal de intereses al capital y ganancias monopólicas. El gráfico muestra el componente monopólico de la riqueza como porcentaje del valor bursátil total entre 1985 y 2015. En los ochenta, la riqueza monopólica era inexistente. Con el desarrollo de la industria informática, aumentó drásticamente y, en diciembre de 2015, llegó a un 82% del valor bursátil total, lo que equivale a unos 23,8 billones de dólares.

Los datos indican, por tanto, que un poder de mercado cada vez mayor es una de las causas de la búsqueda de rentas. Se ha observado con creciente alarma la tendencia a la concentración, sobre todo en los mercados de los países desarrollados, de tal modo que, junto con la extracción de rentas, se han convertido en características del mundo empresarial.

En 2015, la capitalización bursátil media de las 100 mayores empresas era de 7.000 veces mayor que el promedio de las 2.000 empresas menores, mientras que en 1995 fue tan solo 31 veces mayor. La ampliación del poder de mercado contribuye enormemente a la creciente desigualdad de los ingresos.

El Informe de la UNCTAD concluye que, si se quiere alcanzar el objetivo de un crecimiento realmente inclusivo y sostenible, es necesario frenar el rentismo endémico y las desigualdades que genera. Un buen punto de partida sería reconocer que el conocimiento y la competencia son ante todo bienes públicos, y que su manipulación en interés privado debe regularse de manera efectiva.










martes, 17 de octubre de 2017

HIPERGLOBALIZACIÓN

La hipergloblización es una fase de la globalización caracterizada por el crecimiento acelerado de los flujos transfronterizos de bienes, servicios y capitales, en particular el incremento exponencial de los flujos digitales. Al alejarse muchas grandes empresas de situaciones de competencia efectiva, la hiperglobalización provoca una elevada concentración de poder económico y de riqueza en manos de un número pequeño de personas.

Aunque los bancos centrales alertaron recientemente del riesgo de debilitarse la globalización, lo cierto es que el proceso sigue su marcha. Muchas cadenas de valor industriales ahora tienen eslabones diseminados entre varios países, lo que hace aumentar todavía más la necesidad del comercio internacional. Esto es posible, entre otras cosas, a que se mantienen costos de transporte comparativamente bajos.

Aunque la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha perdido el empuje del pasado y no logra concluir la ronda de negociaciones, sus acuerdos y reglamentaciones siguen vigentes y son aprovechados por las grandes empresas. Quizás, los movimientos más llamativos son los cambios de los actores protagonistas.


Como observamos en el gráfico, en tiempos pasados (los primeros XV siglos de la Era Cristiana), el grueso de la riqueza mundial estuvo en los dos países más poblados del mundo: India y China. A partir de aquel momento, Europa avanzó en la ciencia, la política y el comercio, y fue recomponiendo la economía mundial, hasta la irrupción de Estados Unidos como país dominante a principios del siglo XX, empujado por la emigración europea.

Desde finales del siglo XX, China recupera la preeminencia mundial y le siguen India y Japón, en tanto que Europa y Estados Unidos van declinando su posición económica en el mundo.

El recambio de actores es evidente en las instituciones financieras internacionales. Un buen ejemplo ocurrió en el Banco Mundial y el FMI donde China salió de su larguísimo silencio, y poco a poco comenzó a tomar protagonismo. Una expresión de ese cambio fue la elección de un economista chino como vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial.

Se señalan también otras características de esta globalización contemporánea: la desmaterialización, expresada por el mayor aumento en el comercio de servicios respecto al de mercancias; el creciente incremento de flujos de capital entre un grupo cada vez más amplio de naciones; el surgimiento de un gigante comercial a escala planetaria (China); la proliferación de acuerdos regionales de comercio, y la reducción de las barreras al comercio en bienes pero su persistencia en los servicios.

En los últimos años, con la incertidumbre y la volatilidad en el crecimiento, los inversores dejaron emprendimientos en industrias, para enfocarse en sectores más seguros, como alimentos, tierras, minerales y energía. Los flujos de capital se dirigieron hacia América del Sur (Brasil sobre todo) y la mitad de ellos acabó en el sector de recursos naturales.

Se mantienen resistencias frente a este tipo de globalizacción de cuantos siguen sufriendo directamente sus efectos: campesinos desplazados por agronegocios de exportación, indígenas que deben lidiar con impactos de empresas mineras o petroleras y colectivos que pierden su trabajo por la avalancha de productos importados,

La globalización avanza beneficiando a unos y dejando a otros sumidos en graves problemas. Frente a ella, los movimientos sociales llaman a retomar y reconstruir las capacidades de crítica, movilización y alternativas, una tarea en la que tendrá que implicarse la sociedad civil.











martes, 10 de octubre de 2017

DIGITALIZACIÓN Y TIEMPO DE TRABAJO

Las sinergias que se derivan del desarrollo de las ingenierías del software, la robótica, las telecomunicaciones y la microelectrónica, combinadas con otras ramas del conocimiento, generan la digitalización, una innovación tecnológica que anuncia aumentos de productividad en las empresas, pero con pérdidas significativas de empleo. En el futuro no habrá necesidad de trabajar tanto para conseguir el nivel de vida que hoy se tiene en Occidente

La productividad ya ha ido aumentando en los países desarrollados debido a la competencia en los mercados y a los avances tecnológicos, si bien con velocidad diferentes según los períodos. Ha habido épocas en las que se han acumulado innovaciones técnicas importantes y su aplicación ha dado lugar a crecimiento intenso de la productividad, que ha supuesto la expulsión de trabajadores.

Como ejemplo, ahí está el sector agropecuario, en el que la introducción de maquinaria y nuevas técnicas organizativas han tenido como consecuencia que basta el 5% del total de ocupados en algunos países para que se produzcan alimentos para toda la población.

Pero lo relevante es que los incrementos de productividad han venido acompañados de una reducción del tiempo de trabajo a lo lago de la vida de las personas, a través de la reducción de la jornada diaria, el retraso en la edad de la incorporación al trabajo y las vacaciones pagadas. 



Vemos en el gráfico la evolución del tiempo de trabajo, según el sociólogo Manuel Castells. En 1850, el tiempo de trabajo a lo largo de toda la vida era de 150.000 horas; en 1950, la vida laboral se concentraba en 110.000 horas, a razón de 2.345 horas anuales en 47 años, y en 2000 se situaba en 75.000 horas anuales, que equivalen a 41,5 años trabajando un promedio de 1.800 horas año. Es decir, que en 150 años las horas trabajadas durante toda la vida se habían reducido a la mitad.

Esta reducción de horas de trabajo y el incremento de los salarios han sido los que han repartido el aumento notable de la productividad. Adaptar la jornada de trabajo a los avances de la tecnología ha servido para repartir el trabajo. Sin este ajuste, los ocupados trabajarían bastantes más horas y el desempleo sería mucho mayor.

Para mantener el empleo en la era digital, el intenso incremento de la productividad tendría que ser contrarrestado también por la reducción de las horas dedicadas al trabajo a lo largo de la vida en la misma proporción, objetivo difícil de alcanzar por las diferencias económicas entre los países y el elevado grado de competencia en los diversos mercados. Si no se consigue el ajuste de las horas, el escenario previsible es un aumento de la desigualdad en el empleo y en las rentas.

No cabe duda de que el proceso de repartir el trabajo es largo y complejo, porque hay que combinar resultados globales con ajustes a nivel sectorial y empresarial. Se requieren también instituciones sindicales fuertes y equilibrio en la negociación colectiva, como sucedía hasta los años 80, antes de la revolución neoliberal. En los últimos 25 años, el avance tecnológico ha producido importantes aumentos de productividad, pero no ha habido prácticamente reducción en el tiempo de trabajo vital.

La experiencia francesa de las 35 horas ha dejado más legados positivos que negativos, pero no hay señales reales de una reducción generalizada de tiempo laboral. La cuestión es que en esto momentos no se acepta que el avance social pueda afectar a la rentabilidad del capital. Por lo tanto, hablar de disminución de la jornada como reparto equitativo de los incrementos de productividad, sin reducción del salario, se considera  inadmisible políticamente.